Por Elías Wessin
Las declaraciones del presidente Donald Trump, al afirmar que ‘la socialdemocracia es una tapadera del comunismo’, han provocado la reacción inmediata de académicos, comentaristas y dirigentes políticos.
Tal aseveración nos induce a hacernos la siguiente pregunta: ¿es la socialdemocracia el camino gradual hacia el colectivismo?
Para muchos, semejante afirmación constituye una exageración o una simplificación de la historia política contemporánea.
Para otros, en cambio, pone sobre la mesa un debate que durante décadas fue deliberadamente evitado.
La discusión no debería centrarse únicamente en las etiquetas, sino en los resultados y en la dirección hacia la que apuntan determinadas ideas.
Es cierto que la socialdemocracia no propone, al menos en su formulación moderna, la abolición inmediata de la propiedad privada ni la instauración revolucionaria de la dictadura del proletariado, como lo planteó el marxismo clásico. Esa diferencia existe y sería intelectualmente deshonesto negarla.
Sin embargo, también es cierto que el revisionismo marxista comprendió, especialmente después de la Guerra Fría, que la revolución podía ser sustituida por un proceso gradual de expansión del Estado, incremento del gasto público, aumento de la regulación económica y transferencia constante de responsabilidades desde la sociedad civil hacia el poder político.
En otras palabras, donde el comunismo tradicional pretendía llegar mediante la revolución, la socialdemocracia procura avanzar mediante reformas sucesivas, políticas públicas estatistas y una creciente dependencia ciudadana respecto del Estado.
Como reza el conocido refrán: «El mono, aunque se vista de seda, mono se queda.» Cambiar el nombre de una doctrina no necesariamente modifica su esencia ni el destino al que conduce.
Precisamente por ello resulta pertinente recordar la advertencia formulada por el presidente argentino Javier Milei: «Los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que, por el contrario, son su causa.»
Más allá del tono de la frase, esta encierra una tesis que merece ser discutida seriamente.
Cada vez que el Estado concentra mayores competencias económicas y sociales, disminuyen los espacios de libertad individual, se debilita la responsabilidad personal, aumenta la dependencia política y burocrática de la ciudadanía.
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Los defensores de la socialdemocracia argumentarán que buscan corregir los excesos del mercado y construir un capitalismo con rostro humano. No obstante, la experiencia de numerosas democracias occidentales muestra que, cuando el Estado crece sin límites, también lo hacen la presión tributaria, la burocracia, el endeudamiento público y las dificultades para sostener un crecimiento económico vigoroso.
Europa ofrece ejemplos que alimentan este debate. En varios países donde la socialdemocracia ha ejercido una influencia predominante durante décadas, hoy convergen problemas como bajo crecimiento económico, inflación persistente, crisis del empleo, envejecimiento demográfico, reemplazo poblacional y un creciente peso del gasto estatal sobre la economía productiva.
Naturalmente, existen factores tecnológicos, geopolíticos y culturales que también influyen. Pero resulta difícil sostener que el aumento permanente del tamaño del Estado haya servido para resolverlos de manera definitiva.
La gran diferencia entre una sociedad libre y una sociedad estatista no radica únicamente en el porcentaje del gasto público o en la carga tributaria. La diferencia fundamental reside en quién toma las decisiones: el ciudadano o el gobierno.
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