AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO. El organismo regulador de seguridad en línea de Australia presentó una demanda ante el Tribunal Federal contra Telegram, al acusar a la plataforma de mantener durante semanas videos de ejecuciones y ataques terroristas, pese a que habían sido reportados por usuarios australianos.
La acción judicial, anunciada este jueves, surge tras una investigación de un año para determinar si la aplicación de mensajería cumplió con las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad en Línea del país.
La comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, explicó que, de comprobarse las infracciones, Telegram podría enfrentar multas de hasta 54,6 millones de dólares australianos (unos 38 millones de dólares estadounidenses).
Según el regulador, la plataforma tardó hasta tres semanas en retirar material relacionado con terrorismo que había sido denunciado, además de no suspender las cuentas, canales y grupos que lo difundían ni detectar contenido previamente identificado.
Entre los materiales señalados figuran la transmisión en vivo del atentado contra la mezquita de Christchurch, en Nueva Zelanda, en 2019, y el video del tiroteo masivo ocurrido en Buffalo, Estados Unidos, en 2022. De acuerdo con eSafety, ambos permanecieron disponibles en Telegram durante casi tres meses antes de ser eliminados.
La autoridad australiana también sostiene que los términos de uso de Telegram no prohibían de manera expresa el contenido proterrorista en todas las áreas de la plataforma y que los usuarios que realizaron las denuncias nunca fueron informados sobre el resultado de sus reportes.
“Ninguna plataforma está por encima de la ley”, afirmó Inman Grant, al advertir que la amenaza del extremismo sigue siendo elevada en Australia y que la radicalización en línea continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades de seguridad.
En un hecho relacionado, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia informó este miércoles que el cofundador de Telegram, Pável Dúrov, fue acusado formalmente en ese país de presunta complicidad en actividades terroristas.
Las autoridades rusas alegan que la plataforma permitió la operación de servicios especiales ucranianos para planificar atentados, reclutar ciudadanos rusos y coordinar acciones de sabotaje, además de negarse a eliminar canales, chats y bots que, según Moscú, eran utilizados con esos fines.
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