AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.
Por Mihail García
La presentación del denominado “Plan Anticrisis” por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha modificado el eje del debate político nacional, obligando a examinar el estado real de las finanzas públicas por encima de las estrategias de comunicación coyunturales.
La solicitud formal del presidente Leonel Fernández para que se retiren las propuestas de aumento de impuestos y se proceda a una reformulación integral del Presupuesto General del Estado de 2026 constituye una postura de mucho rigor técnico que debilita el argumento de la necesidad fiscal. Las propias cifras oficiales del Banco Central reportan un crecimiento económico del 4.0 % entre enero y abril del presente año, evidenciando una contradicción institucional: si tenemos una economía en expansión y con capacidad de resiliencia, como indica el BC, entonces no se requiere la imposición de nuevas cargas impositivas que terminen afectando el desempeño de los sectores productivos.
La encrucijada de las finanzas públicas dominicanas no se origina en una insuficiencia de ingresos tributarios, sino en una distribución desproporcionada de las prioridades presupuestarias. Los datos analizados en el espacio La Voz del Pueblo muestran que, de cada cien pesos ejecutados, aproximadamente noventa se destinan a sostener el gasto corriente y el aparato burocrático, mientras apenas un diez por ciento se orienta al gasto de capital e inversión en infraestructura para el desarrollo nacional. Ante este panorama, no resulta sostenible requerir un mayor sacrificio a los contribuyentes ni desincentivar la inversión privada para financiar una expansión del gasto corriente como ha estado ocurriendo. El desafío del gobierno radica en el incremento de sus propios costos operativos y no necesariamente en la falta de recursos.
En ese sentido, frente a la intención oficial de cubrir estas deficiencias mediante una Reforma Tributaria, la Fuerza del Pueblo tiene el compromiso de liderar la oposición a este proyecto presentando alternativas fundamentadas en la equidad y el estímulo al desarrollo. Siguiendo el legado ético de nuestro guía moral, don Juan Bosch, quien concebía el ejercicio político como un servicio orientado a garantizar el bienestar y la certidumbre de la sociedad, nuestra organización debe asumir la vanguardia en la defensa de las causas sociales. Esto implica respaldar las directrices técnicas del presidente Fernández y seguir exigiendo reivindicaciones colectivas como la indexación total de los salarios contemplada en el Código Tributario.
En adición, la FP debe insistir, como decía el presidente Fernández en su artículo del pasado lunes, en el planteamiento de medidas que fomenten la formalización orgánica de nuevos contribuyentes mediante la reducción de trabas burocráticas y el estímulo de la confianza mutua, evitando esquemas impositivos que penalicen el consumo.
Asumir esta línea de fiscalización con una cohesión interna clara es lo que consolida la vocación de poder de nuestra organización de cara al 2028. La conducción de este proceso demanda la certidumbre de un liderazgo con experiencia de Estado, capaz de anunciar las soluciones macroeconómicas que el país requiere ante las complejidades del entorno internacional. Al unificar los criterios del partido detrás de las posiciones expresadas por Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo aporta claridad al debate público y se apuntala ante la sociedad dominicana como una opción de gobierno estructurada, técnica y preparada para restablecer la eficiencia, la estabilidad y el crecimiento sostenible en la República Dominicana, como, en efecto, su líder lo ha hecho otras veces.
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