AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO
El 20 de enero del 2025, el ex presidente Donald Trump tomará posesión como presidente número 47 de los Estados Unidos de América, pero, previamente ha anunciado medidas migratorias que podrían desencadenar una ola masiva de deportaciones en los Estados Unidos. Estas acciones podrían centrarse en varias categorías, cada una con diferentes circunstancias y consecuencias. En primer orden, se encuentran las personas con deportación final, aquellas que apelaron y perdieron la apelación, así como aquellas con deportación pendiente que no se presentaron en corte; esta categoría incluye aproximadamente 600 mil personas.
Otra categoría afectada, son las personas admitidas bajo parole y asilo político. En lugar de esperar dentro de los EE. UU. para una audiencia en corte, podrían ser deportadas para esperar la aceptación de su asilo político fuera del país.
Estas dos primeras categorías afectarían a aproximadamente 1 millón de inmigrantes indocumentados, además, se encuentran las personas con delitos criminales serios, aquellas con probatoria y antecedentes penales, pues tienen derecho a reunirse con un juez, una corte o solicitar una fianza, lo que podría saturar los tribunales. Muchas de estos inmigrantes indocumentados, podrían optar por firmar su carta de deportación para evitar la detención prolongada.
Trump podría tomar acciones y poner excepcionalidad al Título 8 del Código de inmigración de Estados Unidos y aplicar la ley 107–296 sobre seguridad nacional y designar a ciertas bandas como «grupos terroristas», también, aplicando una excepción a la Ley Posse Comitatus, que impide desplegar el ejército en suelo estadounidense y utilizar la Ley de Insurrección de 1807, que faculta al presidente a desplegar su propio ejército en suelo norteamericano.
Miles de trabajadores se verán afectados si comienzan a deportar personas empleadas, además, grandes empleadores que apoyaron a Trump no estarían contentos con estas acciones, ya que hay aproximadamente 8 millones de personas ilegales en los EE. UU. que han hecho su vida allí y laboran.
La ley no permite que estas personas regularicen su situación hasta estar casados con un ciudadano estadounidense, pues el perdón que aplica a esposos y esposas no aplica a padres o madres de estos, pues la misma ley dice que la persona que entró ilegalmente una vez, también tiene un castigo y podrían valerse de esto.
El futuro de millones de personas pende de un hilo. Aquellos que han construido sus vidas en los Estados Unidos se encuentran al borde del abismo: ¿encontrarán una solución o serán arrancados de raíz, enfrentándose a la temida deportación?