AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO. El comunicador e investigador Ramón Tolentino solicitó al Gobierno ofrecer una explicación oficial sobre el supuesto traslado aéreo realizado por la directora general del programa Supérate, Mayra Jiménez, a bordo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas, situación que ha generado cuestionamientos y un amplio debate en la opinión pública.
La controversia surgió luego de que circularan informaciones y comentarios en redes sociales sobre el presunto uso de una aeronave militar para el desplazamiento de la funcionaria, provocando reacciones de ciudadanos que demandan mayor transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Ante esta situación, Tolentino dirigió una interrogante al presidente de la República, Luis Abinader, para que se esclarezca bajo qué circunstancias se autorizó la utilización de la aeronave y si existió alguna condición excepcional que justificara dicha movilización.
El comunicador recordó que los helicópteros de las Fuerzas Armadas están destinados principalmente a labores de defensa, seguridad nacional, asistencia humanitaria y atención de emergencias, por lo que entiende que corresponde a las autoridades explicar los detalles del caso para despejar cualquier duda. Asimismo, destacó que este tipo de operaciones implica importantes costos logísticos y operativos para el Estado, incluyendo combustible, mantenimiento y personal especializado, razón por la cual considera necesario que la ciudadanía conozca las razones que motivaron el traslado.
Tolentino sostuvo que la transparencia y la rendición de cuentas constituyen pilares fundamentales de una gestión pública responsable, especialmente cuando se trata del uso de bienes y recursos pertenecientes al Estado dominicano. Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido una explicación oficial sobre el caso, mientras el tema continúa generando comentarios y reacciones en distintos sectores de la sociedad.
La situación ha reavivado el debate sobre la importancia de garantizar que los recursos públicos sean utilizados conforme a la ley, bajo criterios de necesidad, eficiencia y beneficio colectivo.
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