Un proyecto de ley que se estudia desde el Poder Legislativo propone que las empresas privadas y públicas den preferencia para contratos laborales a las mujeres víctimas de tentativa de feminicidios y establece que, dentro del personal de las instituciones, haya por lo menos un 2 % de víctimas contratadas.
La pieza es autoría de la diputada Magda Rodríguez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y se encuentra bajo el estudio de la Comisión de Género en la cámara baja.
Entre otros aspectos, la pieza sugiere que las empresas deben dar priorida laboral a las mujeres víctimas para el acceso, promoción y capacitación de trabajo, proporcionándoles las condiciones necesarias para facilitar su desempeño en las tareas para las que son aptas.
Asimismo, el documento legislativo dispone que todas las instituciones deberán reportar trimestralmente al Ministerio de Trabajo las plazas laborables que pudieran ser ocupadas por mujeres víctimas de tentativa de feminicidio.
«Esta normativa se aplica para toda mujer víctima que se encuentre en edad laboral y pueda desarrollar una actividad física o intelectual acorde a sus capacidades», plantea la pieza legislativa.
En los argumentos del proyecto, se explica que la inserción laboral por tentativa de feminicidio es un reto que debe afrontarse para responder a una necesidad de apoyo a las mujeres y que así puedan mejorar su calidad de vida y lograr una mayor autonomía, participación y bienestar personal.
La diputada Rodríguez explica que el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres víctimas supone también un bienestar para los hijos de la fémina, ya que el acceso laboral puede aumentar su capacidad financiera.
El proyecto congresual cita varios artículos de la Constitución, entre los que destaca el punto 42 de la Carta Magna que habla sobre la integridad personal, física, psíquica y moral, por lo que el Estado está obligado a ofrecer protección en casos de peligro.
Actualmente, el proyecto legislativo se encuentra bajo análisis en una comisión de la Cámara de Diputados, tras perimir en varias legislaturas por la falta de un informe. La Comisión de Género deberá rendir un informe recomendando la aprobación o el rechazo de la pieza, que debe ser sancionada antes del 26 de julio, cuando finaliza la actual legislatura del Congreso que inició el 27 de febrero.
