AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.
En el día de hoy, el Senado envió a la Comisión de Justicia el proyecto de ley presentado por el senador Rafael Barón Duluc Rijo, que establece un mecanismo de reacción rápida ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad, conocido como “Alerta AMBER”. Esta iniciativa, que presenta algunas diferencias con respecto a la versión recientemente presentada en la Cámara de Diputados, busca fortalecer el marco legal y operativo para actuar de forma inmediata ante situaciones críticas de desaparición.
El proyecto contempla la activación de protocolos integrales que incluyen:
• Difusión inmediata de alertas: Se establecerán procedimientos para la rápida difusión de información a través de medios de comunicación y plataformas digitales, permitiendo que la ciudadanía participe activamente en la búsqueda.
• Coordinación interinstitucional: La iniciativa prevé una colaboración estrecha entre organismos de seguridad, justicia y protección civil, garantizando una respuesta unificada y efectiva.
• Revisión y actualización de protocolos: Se incluirán mecanismos que permitan la revisión constante y adaptación de los procedimientos ante nuevas realidades y desafíos en materia de seguridad ciudadana.
La diferencia clave entre la versión del Senado y la presentada en la Cámara de Diputados radica en la amplitud de la cobertura y algunos aspectos procedimentales. Mientras que la versión en la Cámara se orienta a menores y adultos vulnerables, el proyecto senatorial propone un enfoque de manera específica a menores de edad, sin descartar otros proyectos futuros que incluyan a adultos en situaciones especiales y vulnerables.
La importancia de esta ley radica en su potencial para transformar la respuesta ante casos de desaparición o sustracción de menores, permitiendo una actuación temprana que aumente las posibilidades de recuperación de las personas desaparecidas y brinde mayor tranquilidad a sus familias. Al consolidar un mecanismo de alerta ágil y coordinado, se fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones y se establece un precedente en la protección de los derechos fundamentales.
Con la remisión del proyecto a la Comisión de Justicia, se abre un espacio de debate y análisis que permitirá afinar los detalles de la ley para que, una vez aprobada, se convierta en una herramienta efectiva de seguridad y protección ciudadana en la República Dominicana.
