AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO. En Santo Domingo Este se está desarrollando una situación que merece la atención de la ciudadanía y de las autoridades. Se trata de demandas interpuestas contra el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) por supuestas prestaciones laborales, a pesar de que según informaciones disponibles dichos pagos ya fueron realizados hace meses y los beneficiarios recibieron sus cheques correspondientes.
Los señores Diógenes Núñez, Bartolo Quezada y Lucy Esther figuran como demandantes en este proceso. La pregunta obligada es clara: si ya cobraron sus prestaciones laborales, ¿por qué demandar nuevamente al ayuntamiento? ¿Qué se persigue realmente con este tipo de acciones?
No es un secreto que algunos de los involucrados son identificados como seguidores del exalcalde Manuel Jiménez, lo que abre el debate sobre si estas demandas responden a un reclamo legítimo o si forman parte de una estrategia para afectar la imagen y la estabilidad de la actual gestión municipal encabezada por el alcalde Dio Astacio.
Este tipo de acciones no solo genera confusión en la opinión pública, sino que también puede tener consecuencias serias para la institucionalidad del ASDE. Demandas de esta naturaleza pueden comprometer procesos administrativos, afectar la confianza en la gestión y, en el peor de los casos, poner en riesgo la operatividad financiera del ayuntamiento.
Si se confirma que los demandantes ya recibieron sus pagos y aun así continúan accionando judicialmente, estaríamos frente a un uso indebido de los mecanismos legales con fines políticos. Eso no solo sería irresponsable, sino que atentaría contra la transparencia y el buen funcionamiento de la administración pública.
El alcalde Dio Astacio tiene el deber de proteger la institución que dirige y, de ser necesario, acudir a las instancias correspondientes para esclarecer los hechos y defender al ayuntamiento de acciones que pudieran considerarse malintencionadas o temerarias.
Santo Domingo Este necesita una gestión enfocada en el desarrollo, los servicios y el bienestar de su gente, no en distracciones creadas por conflictos que, al parecer, ya estaban resueltos. La política no debe convertirse en un arma para desacreditar ni para poner en juego la estabilidad de una institución pública.
La verdad debe imponerse, y cuando se impone, siempre fortalece la democracia y la buena gestión.
