Por: José Miguel Mañón Martínez
La historia política dominicana está llena de episodios que, vistos a la distancia, revelan
verdades que en su momento fueron ocultadas por la narrativa del poder. Uno de esos
episodios es, sin duda, el proceso judicial seguido contra el expresidente Salvador Jorge
Blanco. Hoy, a la luz de los debates contemporáneos sobre el uso político de la justicia,
resulta legítimo preguntarse si aquel proceso no fue en realidad el primer gran caso de
lawfare en la República Dominicana.
El concepto de lawfare describe una práctica cada vez más conocida en América Latina:
utilizar el sistema judicial como arma política para destruir adversarios, desacreditarlos
públicamente o sacarlos del escenario político. No se trata simplemente de aplicar la ley,
sino de manipular el derecho con fines de guerra política.
Cuando se analiza el caso de Salvador Jorge Blanco con serenidad histórica, aparecen
demasiados elementos que coinciden con este patrón.
Jorge Blanco gobernó la República Dominicana entre 1982 y 1986, en uno de los
momentos más difíciles de la economía nacional. Su gobierno enfrentó una profunda crisis
fiscal, presiones internacionales y el estallido social de abril de 1984, provocado por las
medidas económicas exigidas por los organismos financieros internacionales. Fue un
período duro, complejo y políticamente desgastante.
Sin embargo, más allá de las críticas que puedan hacerse a su gestión, lo que ocurrió
después de dejar el poder resulta profundamente revelador.
Tras el retorno de Joaquín Balaguer al gobierno en 1986, el expresidente fue sometido a un
proceso judicial por presuntos actos de corrupción administrativa. El proceso se desarrolló
en un ambiente cargado de presión política, exposición mediática y un claro interés por
convertir aquel juicio en un espectáculo público.
En términos políticos, el mensaje era evidente: había que destruir la figura de Jorge Blanco.
La justicia dominicana de la época carecía de la independencia institucional que hoy
intentamos consolidar. El sistema judicial estaba fuertemente influenciado por el poder
político, lo que abría la puerta a procesos judiciales cargados de motivaciones
extrajurídicas.
El juicio contra Jorge Blanco terminó con una condena que muchos juristas consideraron
controversial. Pero más allá de la sentencia, lo que realmente quedó marcado fue el
precedente: por primera vez en la historia dominicana se utilizaba el aparato judicial para
procesar políticamente a un expresidente recién salido del poder.
No se trataba simplemente de perseguir la corrupción —algo legítimo en cualquier
democracia— sino de construir una narrativa pública de culpabilidad que debilitara al
adversario político.
Décadas después, el debate sigue abierto. Muchos historiadores y analistas han comenzado
a reconsiderar aquel episodio como una forma temprana de judicialización de la política,
fenómeno que hoy conocemos como lawfare.
Basta observar lo ocurrido en otros países de América Latina para comprender que este
mecanismo no es nuevo. La diferencia es que hoy existe un lenguaje para describirlo.
El caso dominicano de los años ochenta muestra cómo la justicia puede convertirse en
instrumento de disputa política cuando las instituciones carecen de suficiente
independencia.
Con el paso del tiempo, la figura de Salvador Jorge Blanco ha sido objeto de una notable
reivindicación histórica. Incluso sectores que fueron críticos de su gobierno reconocen hoy
su compromiso con la democracia, las libertades públicas y el respeto al orden
constitucional.
Esto no significa afirmar que los gobiernos deben estar exentos de escrutinio judicial. Todo
lo contrario: la democracia exige transparencia y rendición de cuentas. Pero también exige
algo igual de importante: que la justicia no sea utilizada como arma política.
Cuando el derecho se convierte en instrumento de venganza política, la democracia se
debilita. Por eso, revisar críticamente el caso de Salvador Jorge Blanco no es un simple
ejercicio de memoria histórica. Es, sobre todo, una advertencia para el presente.
La República Dominicana debe asegurarse de que la justicia nunca vuelva a ser utilizada
para dirimir conflictos políticos. Porque cuando la política invade los tribunales, el Estado
de derecho deja de ser garantía de justicia y se convierte en un campo de batalla disfrazado
de legalidad.
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