AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO
Por Alexander Mañan
El debate sobre la propuesta del Gobierno dominicano de cobrar por la atención médica a
parturientas indocumentadas ha generado diversas reacciones. Algunos legisladores advierten que esta medida podría afectar la percepción de los extranjeros sobre el acceso a la salud y generar expectativas de derechos que van más allá de lo establecido por la ley, pero sus afirmaciones requieren un análisis basado en datos y en la legislación internacional. República Dominicana destina el 3.29 % del PIB al sector salud, situándose entre los países con menor inversión en América Latina.
Desde 2021, el 31 % de los partos en hospitales públicos han sido de mujeres extranjeras
acaparando un buen % del presupuesto de salud destinado para dominicano, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema sin una regulación de acceso el costo promedio de un parto en hospitales públicos es de RD$5,348 en caso de parto natural y RD$11,000 con cesáreas las exenciones de pago para parturientas indocumentadas han despertado el debate sobre la regulación en el acceso a la salud de los extranjeros y su impacto fiscal en el Estado.
Algunos legisladores argumentan que “exigir un pago podría inducir a los migrantes a creer que tienen derechos adicionales”, pero les invito a consultar y aplicar políticas basadas en experiencias exitosas de otros países con realidades migratorias como la nuestra donde se han implementado esquemas de cobro total sin que esto haya generado dicha percepción de obtención de derechos,
aquí les dejos algunos casos de éxitos tales como:
• Chile, los migrantes en situación irregular deben asumir costos por los servicios médicos,
excepto en casos de emergencia.
• Costa Rica, el sistema de seguridad social exige que los extranjeros sin documentación
paguen por la atención médica, con excepciones limitadas.
• Estados Unidos, el acceso a la salud para migrantes indocumentados es limitado y la
atención médica es generalmente privada, obligando a los pacientes a costear sus propios
tratamientos.
República Dominicana ha suscrito múltiples acuerdos internacionales que garantizan el derecho y
regulan el acceso sostenible a la salud entre ellos le podemos citar:
1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) –
Ratificado en 1978, reconoce el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel
posible de salud física y mental (Art. 12), pero deja margen a los Estados para definir los
mecanismos de financiamientos y cobro.
2. Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) – Ratificada en 1991, establece que los
Estados deben garantizar la atención médica a todos los menores de edad sin
discriminación (Art. 24), lo que sugiere que cualquier medida de cobro no debería afectar a
neonatos o niños.
3. Resoluciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) – La resolución WHA61.17 de
2008 insta a los Estados a garantizar el acceso universal a la salud materna, pero sin prohibir
explícitamente esquemas de financiamiento mixto o copago.
4. Pacto de Marrakech sobre Migración de la ONU (2018) – Destaca la importancia de
asegurar el acceso a servicios básicos para migrantes, pero no impide la implementación de
esquemas de cobro parcial.
Conclusión
El debate sobre el cobro por atención médica a parturientas indocumentadas debe
abordarse desde una perspectiva de sostenibilidad del sistema de salud y equidad en la
asignación de recursos. Mientras que la legislación internacional garantiza el acceso a la
salud, también permite a los Estados definir mecanismos de financiamiento que aseguren
la viabilidad de los servicios públicos en lugar de asumir una postura radical de beneficio
gratuito total o cobro absoluto, se debe considerar un modelo equilibrado que proteja los
derechos humanos sin desestabilizar las finanzas del sector salud
