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Regidores deben interpelar al alcalde por convertir a SDE en un vertedero a cielo abierto

Por Misael Lachapel

Escribir esta columna me resulta doloroso y vergonzoso, pero el silencio ante el
colapso de mi municipio sería una complicidad imperdonable. Santo Domingo Este está
en caída libre. Lo digo sin rodeos: atravesamos un desastre administrativo sin
precedentes, conducido por un Ayuntamiento que perdió el control de lo elemental.

Todo lo que toca la presente gestión termina en ruinas. Ahí están los casos de la
cooperativa, las funerarias municipales y el Cuerpo de Bomberos, instituciones que
eran motivo de orgullo y que hoy solo generan incertidumbre. Eso sin contar el drama
insoportable de la basura. El hedor y la insalubridad dominan nuestras calles; en los
barrios, la gente ha sido obligada a convivir con la inmundicia como parte del paisaje. Y
eso es inaceptable.

Santo Domingo Este necesita ser intervenido administrativamente. Cuando la
incapacidad de quien gobierna es tan evidente, no se puede esperar a que los
problemas se resuelvan por arte de magia. El alcalde fue electo para administrar y
solucionar, no para posar. Porque si algo hace con destreza es grabarse con su
teléfono celular, pero las ciudades no se dirigen con videos ni con publicaciones de
Instagram: se gobiernan con resultados.

Este municipio no es patrimonio personal de ningún funcionario. Le pertenece a su
gente, esa gente trabajadora que no merece habitar en un basurero gigante. Hoy
escribo desde la indignación, pero también desde la convicción de que aún estamos a
tiempo de frenar este despeñadero. Para lograrlo, solo hace falta lo que hoy brilla por
su ausencia en el Palacio Municipal: carácter, responsabilidad y vergüenza, sin lugar a
duda Santo Domingo Este merece una nueva mirada

Estamos al borde de una grave crisis sanitaria que amenaza la salud y la dignidad de
nuestras familias. Frente a esto, la tibieza no cabe. Exijo formalmente que el alcalde
sea interpelado por los concejales. Debe dar la cara, explicar el manejo de los fondos
públicos y responder por el colapso de los servicios. Si de ese examen se derivan
irregularidades, que se investiguen y se aplique la ley hasta las últimas consecuencias.
No se trata de una persecución opositora; se trata de rendición de cuentas.


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