Los regidores Ulises Aquino Franco y Jhoana Batista Solimán, del Ayuntamiento Municipal de La Romana, acudieron este jueves a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para depositar un pliego de denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por el alcalde Eduardo Kery Méttivier durante su gestión.
Según expusieron los regidores, se han identificado múltiples anomalías en el manejo de los recursos públicos, incluyendo la contratación de brigadas para trabajos municipales sin la debida autorización del Concejo de Regidores. Estas brigadas, afirman, no contaban con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), no eran suplidores del Estado, y los supuestos trabajadores no fueron debidamente identificados ni presentaron soporte de las labores realizadas.
De acuerdo con la denuncia, muchos de los contratos fueron firmados posterior a la ejecución de los trabajos, lo que representa una violación al debido proceso. Además, los regidores alegan que los supuestos propietarios de las brigadas eran en realidad testaferros, quienes cobraban los cheques y devolvían el dinero a empleados cercanos al círculo del alcalde Méttivier.
Otra de las irregularidades señaladas es la entrega de bonificaciones en el mes de diciembre, donde varios empleados municipales recibieron cheques por montos que duplicaban su salario habitual, bajo la condición de devolver una parte significativa del dinero al propio alcalde, lo que podría constituir un acto de desfalco.
Asimismo, la denuncia incluye la compra de camiones mediante procesos de licitación supuestamente amañados, en los que resultaron beneficiadas personas que no cumplían con los requisitos legales ni eran suplidores registrados. Los regidores sostienen que estas adjudicaciones se realizaron de forma arbitraria y en beneficio de allegados del alcalde.
Los ediles del municipio la romana, señalan la contratación de la empresa Extra Química para servicios de limpieza, cuyo propietario sería Andy Jiménez González, sobrino de Raisa González, esposa del alcalde. Esta relación familiar levanta serias sospechas de tráfico de influencias y favoritismo en la asignación de contratos municipales. Los regidores esperan que el Ministerio Público investigue a fondo estas denuncias y actúe conforme a la ley.
