Santo Domingo Este. — La regidora Aileen Decamps, por el Partido Revolucionario Moderno durante una sesión en el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, informó que votó en contra tanto de la aprobación del uso de suelo para el proyecto de Parque Cementerio Jardines del Recuerdo Santo Domingo Este, propuesto en el sector Los Naranjos del Distrito Municipal de San Luis como también de la enmienda presentada durante la sesión que proponía prohibir por cinco años la aprobación de nuevos usos de suelo relacionados con cementerios en el municipio.
Decamps explicó que su posición se fundamenta en la necesidad de garantizar el debido proceso administrativo, la seguridad jurídica de las inversiones y el respeto al marco legal que rige las decisiones de ordenamiento territorial en los municipios.
Durante la sesión del Concejo de Regidores, la regidora indicó que solicitó el turno de palabra para exponer consideraciones técnicas y jurídicas sobre el expediente, sin embargo, afirmó que no le fue concedida la palabra antes de proceder a la votación del tema, lo que limitó la posibilidad de presentar ante el pleno los argumentos que sustentaban su posición.
En relación con el proyecto sometido, Decamps recordó que este caso tiene antecedentes institucionales importantes, ya que el concejo municipal había conocido anteriormente un expediente relacionado con la misma empresa promotora del proyecto. En aquella ocasión se aprobó un recurso de reconsideración que revocó el uso de suelo otorgado bajo la Resolución No.18-2020, decisión que posteriormente fue ratificada por el Tribunal Superior Administrativo.
Entre las motivaciones que sustentaron aquella decisión se encontraban la ausencia de vistas públicas con la comunidad del distrito municipal de San Luis, la falta de estudios de impacto ambiental y cuestionamientos sobre la situación jurídica de los terrenos donde originalmente se pretendía desarrollar el proyecto.
La regidora señaló que, aunque el nuevo expediente propone el desarrollo del proyecto en otro terreno, en la documentación presentada solo se observa una promesa de venta del inmueble, lo cual hace necesario conocer con mayor claridad el estado jurídico de la parcela, a fin de evitar posibles conflictos legales que puedan afectar la estabilidad del proyecto y la seguridad jurídica del municipio.
Asimismo, indicó que en el expediente presentado ante la sala capitular no se evidenció un informe técnico emitido por la Dirección de Planeamiento Urbano, a pesar de que se registran pagos realizados ante el ayuntamiento en noviembre de 2025 para el trámite correspondiente.
De igual manera, señaló que no se realizaron vistas públicas ni procesos de consulta con la comunidad del Distrito Municipal de San Luis, lo cual había sido precisamente uno de los elementos que motivó la revocación del uso de suelo en el proceso anterior conocido por el concejo municipal.
En ese sentido, manifestó que la participación comunitaria es un componente esencial en decisiones de alto impacto territorial y urbano como la instalación de cementerios o crematorios dentro de comunidades residenciales.
Decamps también recordó que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece en su artículo 128, inciso c, que las unidades ambientales municipales deben emitir opinión técnica sobre los proyectos sometidos al ayuntamiento que requieran estudios o evaluaciones de impacto ambiental, lo cual resulta particularmente relevante tratándose de un proyecto que contempla un cementerio y un crematorio.
Durante el debate, el regidor Luis Flores, del partido Fuerza del Pueblo, presentó una enmienda mediante la cual se proponía no aprobar por un período de cinco años nuevos usos de suelo para cementerios en el municipio.
Sobre esta propuesta, la regidora Decamps expresó que si bien es legítimo debatir políticas públicas sobre ordenamiento territorial, las decisiones de carácter general sobre planes de desarrollo y uso de suelo deben observar el procedimiento establecido por la Ley 176-07, la cual en su artículo 52 dispone que los instrumentos de ordenamiento territorial y decisiones relativas al uso de suelo deben ser sometidos por la sindicatura al concejo municipal.
En ese sentido, manifestó que aprobar restricciones generales sin seguir el procedimiento institucional correspondiente podría generar incertidumbre jurídica y afectar principios de competitividad e igualdad de condiciones para las empresas interesadas en invertir en el municipio.
Por esta razón, Decamps informó que votó en contra tanto del proyecto de uso de suelo como de la enmienda presentada, reiterando que las decisiones relacionadas con el desarrollo urbano deben sustentarse en estudios técnicos, participación comunitaria y respeto al marco legal vigente.
La regidora también advirtió que situaciones similares de cuestionamientos al debido proceso han sido señaladas anteriormente en el otorgamiento de usos de suelo para otros proyectos en el municipio, incluyendo instalaciones de estaciones de combustibles, por lo que hizo un llamado a las autoridades municipales y a las instituciones rectoras a esclarecer estos procesos y fortalecer los mecanismos regulatorios para evitar vacíos legales o interpretaciones discrecionales en la aplicación de la normativa.
Finalmente, la regidora anunció que, conforme a lo establecido en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, estará sometiendo en los próximos días un recurso de reconsideración ante el Concejo de Regidores respecto a la decisión adoptada, con el objetivo de que el expediente pueda ser revisado tomando en cuenta los elementos técnicos, jurídicos y comunitarios que, a su juicio, no fueron debidamente ponderados durante la sesión.
Asimismo, hizo un llamado a las empresas interesadas en desarrollar proyectos en Santo Domingo Este, al Distrito Municipal de San Luis, a las comunidades y al Ministerio de Medio Ambiente a trabajar de la mano con las instituciones municipales, cumplir con los procedimientos técnicos y garantizar la transparencia en cada etapa de los procesos de planificación urbana, en un marco que promueva el desarrollo responsable, participativo y competitivo del municipio.
“Desde el concejo municipal debemos promover un desarrollo ordenado y responsable, que respete la ley, garantice seguridad jurídica a las inversiones y escuche siempre a las comunidades de nuestro territorio”, concluyó Decamps
