AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.
En una reciente intervención, el regidor Antonio Feliz denunció públicamente al presidente de la Federación de Juntas de Vecinos, Miguel Almonte, por presuntamente recibir las ayudas destinadas a la comunidad y exigir, a cambio, una parte de las mismas para entregarlas. Según las acusaciones de Feliz, Almonte estaría pidiendo a los beneficiarios que entreguen la mitad de los recursos distribuidos por la Comisión Barrial encabezada por Rolfi Rojas.
“Es inaceptable que, en un contexto de necesidades urgentes, se utilicen las ayudas que son para el bienestar de la comunidad con fines personales. “Exijo una investigación exhaustiva sobre esta práctica que, de ser cierta, constituye una falta de ética y abuso de poder”, declaró Antonio Feliz.
Por su parte, Miguel Almonte ha negado las acusaciones, asegurando que las ayudas están siendo distribuidas de manera justa y transparente, y que los comentarios de Feliz carecen de fundamento.
En medio de la controversia, el presidente de la Comisión Barrial, Rolfi Rojas, también se ha pronunciado, señalando que cualquier irregularidad será investigada y que su prioridad es garantizar que los recursos lleguen de manera directa a los más necesitados.
La lucha por la transparencia en la distribución de ayudas barriales: ¿Quién vela por los más vulnerables?
En la actualidad, las ayudas destinadas a las comunidades son más que simples recursos: son una promesa de bienestar, esperanza y respaldo para aquellos que enfrentan las dificultades económicas y sociales. Sin embargo, lo que debería ser un acto de solidaridad se está viendo empañado por acusaciones que podrían poner en duda la transparencia en el proceso de distribución.
El regidor Antonio Feliz ha sido claro al señalar que el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos, Miguel Almonte, estaría pidiendo una parte de las ayudas que deberían llegar íntegramente a las personas que más lo necesitan. Si estas acusaciones se confirman, no solo se estaría traicionando la confianza de los ciudadanos, sino que también se estaría perpetuando una cultura de corrupción que destruye la confianza en las instituciones.
Es crucial que las ayudas sociales no sean manipuladas para beneficiar intereses personales o políticos. Si bien es cierto que los recursos destinados a las comunidades deben ser gestionados por líderes con responsabilidad, también es cierto que la transparencia en su distribución es fundamental para evitar el mal uso de los mismos.
La denuncia de Antonio Feliz debería ser tomada en serio y, como sociedad, no podemos permitir que se sigan produciendo actos de corrupción que afecten a los más vulnerables. Es necesario que las autoridades competentes inicien una investigación rigurosa para esclarecer la situación y garantizar que los recursos lleguen de manera íntegra y eficiente a las personas que los necesitan.
El futuro de nuestra comunidad depende de la capacidad de nuestras autoridades para actuar con honestidad y transparencia. De no ser así, corremos el riesgo de perder lo que más necesitamos: la confianza en nuestras instituciones y la seguridad de que la ayuda realmente llegará a quienes más lo requieren.
