AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO. Santo Domingo Este atraviesa una gestión municipal medalaganaria, caracterizada por la improvisación, el autoritarismo y la ausencia de planificación. A esto se suma la usurpación de funciones del Concejo de Regidores y el control total sobre la Contraloría Municipal, ambos órganos que, según la Ley 176-07, son independientes de la administración y deben garantizar la fiscalización de las ejecuciones administrativas. En ese sentido, la Ley 107-13, sobre los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública y de procedimiento administrativo, en su artículo 4, establece: «Se reconoce el derecho de las personas a una buena Administración Pública, que se concreta, entre otros, en los siguientes derechos subjetivos de orden administrativo». Una cantidad de numerales atan al funcionario a una buena administración, pero el numeral 30 de este artículo dice lo siguiente: «Derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades del personal al servicio de la Administración Pública y de los particulares que cumplan funciones administrativas». La Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, en sus artículos 5 y 10, establece los objetivos de la administración pública y la gestión pública de calidad, respectivamente. Pero si esto fuere poco, la Constitución de la República establece el mandato sagrado de la buena administración en el artículo 138, y se fundamenta en los principios esenciales de:
- Legalidad: Estricto sometimiento a la Constitución y a las leyes.
- Eficiencia: uso racional y óptimo de los recursos públicos para cumplir sus fines.
- Transparencia: acceso a la información de los actos públicos y claridad en la gestión.
- Responsabilidad: deber de rendir cuentas y responder por los daños o irregularidades cometidas por los funcionarios.
Visto este mandato constitucional y la realidad de lo que se vive en nuestro ayuntamiento de SDE, donde solo se impone la autoridad dictatorial de quien dirige la administración municipal, mientras los directores son tratados como capataces de una finca feudal, donde ninguno tiene derecho a pensar ni a decidir por cuenta propia, solo a poner su mente al servicio del jefe.
Son notables las reacciones observadas recientemente en munícipes durante la inauguración de una escuela en Cancino Adentro, respecto a la construcción de un pequeño puente que une esa comunidad con El Tamarindo, y esta semana que recién finaliza, en Maquitería, donde se está viviendo una pesadilla. Los vecinos están sufriendo como si estuvieran en una zona de guerra, rodeados de enfermedades, de aguas podridas y de un abandono que indigna hasta al más cruel de los hombres.
Esta semana vimos al alcalde presentarse en Maquitería a dar un picazo y, como siempre, hizo un video en las redes sociales para decir que convertiría ese sector en una supuesta réplica de la Comuna 13 de Medellín. Miren, nadie se opone a que se embellezca una comunidad; el problema es que la gente recibió eso como un insulto, como el bobo que se le pone a un bebé hambriento para calmarlo mientras le niegan la comida de verdad.
Hace más de un año rompieron la calle para un trabajo de drenaje pluvial que prometieron terminar en 45 días. Hoy la obra sigue tirada y abandonada. Como bien ha denunciado el joven comunitario Alexander, de la Fundación Juventud Maquiteria, los resultados de esta improvisación están a la vista de todos: accidentes constantes, envejecientes que no pueden salir de sus casas, niños y adultos mayores con los pulmones destrozados por el polvo, y pequeños negocios que se están arruinando y perdiendo lo poco que tienen, porque nadie les da la cara ni les dice cuándo van a terminar.
No me atrevo a escribir lo que dijo otro joven de esa comunidad, porque habló con tanta indignación que no me atrevería a repetir el rosario de verdades que dijo en ese clandestino primer picazo.
El sufrimiento de esa comunidad es indignante. Han tenido que adaptar su olfato a la pestilencia del agua estancada. Tenemos una verdadera granja de mosquitos, brotes de dengue y enfermedades respiratorias provocadas por la combinación mortal entre el hedor de las aguas y la polvareda de una calle destruida por una obra que comenzó sin ningún tipo de planificación. A tal punto llega el desorden que nadie sabe quién es el contratista, porque no hay ni un letrero. La gente sospecha que es la CAASD o alguna otra institución, porque cuando limpian un simple pozo filtrante ponen un cartel gigante, pero aquí, donde hay una tragedia diaria, no hay nada.
Desde aquí emplazamos directamente al alcalde para que, antes de Navidad, termine ese calvario. Maquitería tiene que volver a la normalidad. No vamos a descansar exigiendo que le devuelvan la tranquilidad a esta gente.
Hoy nos preguntamos: ¿cuánto le cuesta esa obra a la ciudad?, ¿cuándo se licitó?, ¿cuál es el costo de la obra? y ¿quién es el contratista? Esas y otras interrogantes continúan escondidas en el manto oscuro de la opacidad.
Pero Maquitería es apenas una muestra. ¿Qué está pasando con la recogida de basura en Santo Domingo Este? El servicio es un desastre total. Han destruido las rutas y las frecuencias de los camiones, llenando el municipio de vertederos improvisados, malos olores y focos de infección. La ciudadanía tiene todo el derecho de preguntar dónde va el dinero de un servicio tan deficiente, qué hay detrás de esas famosas cajas que no han servido para resolver nada, y por qué el Ayuntamiento ha permitido que el municipio se convierta en la ciudad de los vertederos.
Lo mismo ocurre con el presupuesto participativo. Ese mecanismo se creó para que la gente decidiera en qué invertir su dinero, no para que los funcionarios hagan trampas con la ley. Tenemos denuncias claras de que en 2025 se dieron por concluidas obras que solo se hicieron a medias. Observemos el caso de los callejones de la Ribera del Ozama: presupuestaron 2.5 millones para intervenir alrededor de 17 callejones, pero los datos que manejamos indican que solo se ejecutó menos de 1.4 millones y apenas se intervino la mitad de lo que había ganado la comunidad.
¿Qué pasó con los recursos de los otros ocho callejones? ¿Dónde está el dinero?
El autor es licenciado en Derecho, con maestrías en Administración Pública, Derecho Constitucional, y Derecho Administrativo y Municipal.
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