AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO. Esto no es ideología, es una guerra de poder y, como siempre, el que pierde es el pueblo. Ahora bien, lean bien: cuando el salario pierde valor, la injusticia se vuelve política de Estado.
No es un accidente ni algo que pasó “sin querer”; el empobrecimiento del trabajador ocurre porque así lo decidió el Estado; al no proteger el salario, permite y consolida una situación injusta. Escribiendo esto no estoy acusando a la ligera, pero sí dejo claro que las decisiones tienen responsables.
Lo que queda ahora es un país que siente, una población que ajusta y una ciudadanía que no olvida quién defendió y quién no el valor real del trabajo de cada dominicano.
En una jornada legislativa que encendió críticas y redes sociales, el Senado de la República Dominicana aprobó de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para 2026 por RD$1,841,701,394,621 (aprox. RD$1.841 billones). La pieza ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
La votación pasó, la decisión quedó sellada y la indexación salarial no fue incluida. Hoy no se trata de exigir lo que está en la ley; hoy toca mirar de frente las consecuencias, asumir la magnitud del daño y comprender por qué esta omisión duele, indigna y preocupa a un país entero, con especial crudeza en Santo Domingo Este.
Cuando el silencio fiscal se convierte en castigo social
La indexación salarial, que es la actualización automática de salarios y tramos impositivos de acuerdo con la inflación, figura en el artículo 327 del Código Tributario, pero no se aplica desde 2017.
Según economistas, aplicar esta indexación en 2026 costaría al Gobierno alrededor de RD$16,782 millones, una cifra que para muchos legisladores gubernamentales parece demasiado alta para considerar su inclusión en el presupuesto.
En otras palabras, más de 760,000 trabajadores de la clase media y sectores medios enfrentarían la pérdida continuada de poder adquisitivo y estarían pagando impuestos que no reflejan la realidad económica de sus salarios.
La indexación salarial no fue tratada, no fue defendida en el momento decisivo. El resultado es claro: el salario pierde valor real, mientras el costo de la vida sigue subiendo. No es una advertencia futura; es una realidad inmediata.
Cada peso que no se ajusta frente a la inflación es un peso que desaparece del bolsillo de la gente que vive de su trabajo.
En Santo Domingo Este, donde se concentran miles de empleados formales, servidores públicos, maestros, personal de salud, vigilantes, choferes, comerciantes y trabajadores del sector servicios, esta decisión no se queda en el papel. Estamos hablando de familias que tienen que ajustar la comida, retrasar pagos y hacer malabares para llegar a fin de mes. Es el colmado que vende menos, el pasaje que pesa más, la comida que alcanza para menos días.
Las consecuencias reales, sin rodeos
No hablar de indexación en el presupuesto tiene efectos concretos:
- Más personas pagando impuestos sin haber mejorado su ingreso real. La inflación empuja salarios a tramos impositivos que no reflejan bienestar, sino desgaste.
- Reducción del consumo local. Menos dinero circulando en los barrios, economía local debilitada.
- Mayor presión emocional y social. El trabajador siente que cumple, pero el sistema no le responde. Esa sensación erosiona confianza, cohesión social y esperanza.
- Desigualdad silenciosa. Mientras el presupuesto crece en cifras históricas, el ingreso real de la mayoría se encoge sin defensa.
Indignación legítima en un país cansado
La indignación no nace de un tecnicismo; nace del contraste brutal entre el discurso y la realidad.
Se habló durante días de indexación. Se generaron expectativas. Se movilizó la opinión pública. Y aun así, se aprobó un presupuesto multibillonario sin corregir una injusticia básica.
En un país donde la canasta familiar aprieta, donde el transporte sube, donde la educación y la salud cuestan cada vez más, dejar al salario sin protección es una falta grave. Profundamente injusta.
Santo Domingo Este: el termómetro social
Cuando Santo Domingo Este siente el golpe, el país lo siente. Aquí vive gente que trabaja duro, que se levanta temprano, que sostiene servicios, oficinas, escuelas, hospitales y comercios. Aquí, cada decisión nacional se siente primero y más fuerte.
Este presupuesto, tal como fue aprobado, no acompaña el sacrificio cotidiano de su gente. Y esa es la raíz de la frustración colectiva.
Una lástima que deja lecciones.
Es una lástima que la indexación no haya sido tratada cuando correspondía.
Es una lástima que se desaprovechara la oportunidad de enviar un mensaje de justicia económica.
Pero también es una lección: la ciudadanía observa, recuerda y evalúa.
Las decisiones presupuestarias no se quedan en el Congreso; caminan las calles, se sientan en la mesa familiar y pesan en la conciencia social.