En un contexto marcado por la inflación y la especulación comercial que afectan a miles de familias dominicanas, fue depositado ante la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Consulta, Registro y Denuncia de Precios (SIREPRECO), una herramienta legal, tecnológica y ciudadana destinada a transformar la forma en que se monitorean y controlan los precios en el país.
La propuesta fue presentada formalmente por la diputada Gabriela María Abreu Santos, representante de la Circunscripción Núm. 2 (Constanza, Jarabacoa y Tireo), con el propósito de establecer un sistema digital, obligatorio y actualizado en tiempo real. Este permitirá a la ciudadanía consultar precios, comparar productos y denunciar irregularidades de forma inmediata, promoviendo así la justicia económica y la transparencia en los mercados.
El contenido técnico y estructural del proyecto fue trabajado con el municipalista, asesor y consultor de proyectos institucionales Darlin Tiburcio Jiménez, como parte de sus aportes a una gestión pública más eficiente, transparente y orientada a resultados.
SIREPRECO responde a una necesidad histórica del país: la ausencia de un marco legal que obligue a los comercios a registrar y mantener actualizados sus precios de forma oficial y verificable. A diferencia de los portales informativos existentes, esta iniciativa plantea un sistema con cobertura nacional, carácter obligatorio y régimen de sanciones ante el incumplimiento.
La propuesta ha comenzado a generar respaldo en el Congreso Nacional, sumando legisladores que reconocen su valor estratégico para reducir la especulación, fortalecer la vigilancia ciudadana y garantizar los derechos económicos de la población.
El proyecto se sustenta en normativas como la Ley 358-05 de Protección al Consumidor, la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, y la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia, alineadas con los principios constitucionales de equidad, transparencia y buen gobierno.
Se espera que esta iniciativa sea conocida en las próximas sesiones legislativas, abriendo paso a una herramienta clave para modernizar la administración pública y proteger el poder adquisitivo de las familias dominicanas.
