AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO
Por: Melvin Sillé
El proyecto de modernización fiscal que ha presentado el gobierno dominicano es un paso crucial hacia una reforma necesaria para enfrentar las limitaciones actuales del sistema tributario y reducir la dependencia de financiamientos externos. En este contexto, es importante explicar de manera sencilla algunos conceptos clave para entender por qué se propone esta reforma y los desafíos que se buscan abordar.
¿Qué es la presión fiscal?
La presión fiscal se refiere al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que un gobierno recauda en forma de impuestos. En el caso de República Dominicana, la presión fiscal actual ronda el 15%. Esto significa que el Estado recauda en impuestos el equivalente al 15% de toda la producción de bienes y servicios del país. Sin embargo, este nivel de recaudación es significativamente inferior al promedio de América Latina, que se encuentra en un 21.5%.
¿Por qué es necesaria una reforma fiscal?
El desajuste en la presión fiscal hace que el país enfrente dificultades para financiar adecuadamente los servicios y proyectos públicos. De hecho, del 15% de la presión fiscal, un 4% ya está comprometido por ley para la educación, lo que limita aún más el margen de maniobra para cubrir otras necesidades. Una parte considerable de los fondos restantes se destina al pago de la deuda pública, lo que significa que menos del 40% de los ingresos fiscales están disponibles para abordar todas las demás necesidades del Estado, desde la salud hasta la seguridad pública. Es evidente que, con estos recursos limitados, es imposible cumplir con todas las obligaciones y expectativas de la sociedad.
La necesidad de una reforma fiscal no es un tema nuevo en la discusión política del país. Tanto Leonel Fernández, representando a la Fuerza del Pueblo, como Abel Martínez, del PLD, principales partidos de la oposición, reconocieron en el reciente debate presidencial la urgencia de esta reforma para evitar la dependencia continua de financiamientos y préstamos. Por tanto, criticar ahora el proyecto del gobierno resulta contradictorio e irresponsable.
El proyecto de modernización fiscal no se trata solo de aumentar impuestos; busca, más bien, mejorar la eficiencia del sistema tributario, simplificar procesos y promover una mayor equidad. En palabras de William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, la reforma “es una oportunidad para simplificar el sistema tributario y hacerlo más justo”, eliminando distorsiones y promoviendo un crecimiento económico inclusivo.
Beneficios clave del proyecto
El proyecto de modernización fiscal propone diversas medidas diseñadas para beneficiar a la población. Por ejemplo, se proyecta un aumento del 50% en las asignaciones a los ayuntamientos, lo que permitirá mejorar servicios locales como la recogida de basura y reducir problemas de salud pública relacionados con enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue. Además, se contempla la inversión en infraestructura vial para aliviar la congestión vehicular, con el objetivo de mejorar el bienestar económico general de la población.
Respondiendo a las críticas sobre el gasto público
Una de las principales críticas al proyecto es que el gobierno debería enfocarse en reducir el gasto público en lugar de implementar una reforma fiscal. Sin embargo, el gobierno ha tomado medidas en esa dirección, incluyendo la reciente aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece límites claros al crecimiento del gasto gubernamental. Además, se han planteado mejoras administrativas, lo cual aborda las preocupaciones sobre la eficiencia del uso de los fondos públicos.
De igual manera, el presidente Abinader ha decretado la creación de la comisión Meta RD 2036, la cual evaluará las necesidades del país para duplicar el PIB hacia el año 2036. Estas iniciativas buscan garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos y asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Entre los desafíos más relevantes se encuentra la resistencia a la eliminación o modificación de ciertos incentivos tributarios y exenciones, que algunos sectores consideran fundamentales para la competitividad. Sin embargo, el proyecto busca reemplazar estos beneficios específicos por un sistema tributario más amplio y equitativo que evite distorsiones. Por ejemplo, al integrar los ingresos por alquileres, salarios e intereses en una sola base impositiva, se facilita el control de la evasión y se mejora la equidad fiscal. En una forma mas sencilla, cuando se combinan todos los ingresos en un solo impuesto, es más fácil asegurarse de que todas las personas paguen lo que les corresponde y esto ayuda a evitar que algunos contribuyentes oculten parte de sus ganancias y permite que el sistema sea más justo para todos.
En ese mismo orden, uno de los desafíos más relevantes es la oposición de algunos sectores a la eliminación o modificación de ciertos incentivos tributarios, como los que benefician a la industria turística, al cine, y al sector manufacturero. Estos incentivos han sido fundamentales para atraer inversión y promover el crecimiento en sectores clave. Sin embargo, también han generado distorsiones en el sistema tributario, favoreciendo a ciertas industrias mientras otros sectores no reciben los mismos beneficios.
La propuesta del gobierno plantea sustituir estos incentivos específicos por un enfoque más equitativo, en el que todos los sectores contribuyan proporcionalmente al desarrollo del país. En lugar de otorgar exenciones directas, se propone implementar deducciones y créditos fiscales basados en la inversión efectiva en infraestructura y generación de empleo, lo que permitiría mantener la competitividad sin sacrificar la equidad tributaria.
Al tener una estructura impositiva más clara y unificada, la administración tributaria puede identificar y cerrar brechas por las cuales se pierde recaudación, incrementando así la efectividad del sistema fiscal.
Mejoras administrativas y beneficios para los contribuyentes
El gobierno también está trabajando en un proceso de simplificación y eficientización de trámites para que los servicios del Estado sean más accesibles y amigables para los ciudadanos. En este contexto, el programa Burocracia Cero juega un papel fundamental. Esta iniciativa ha logrado reducir en más del 45% el tiempo de respuesta en los trámites gubernamentales, mediante la digitalización y simplificación de más de 300 procesos de alto impacto para la economía. Con la implementación de un sistema integrado en línea y la firma digital, se espera continuar mejorando la transparencia y la calidad del servicio estatal, lo cual facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales y mejora la experiencia de los ciudadanos al interactuar con la administración pública.
La preocupación por el posible impacto de la reforma en la competitividad es otro desafío importante. Las empresas que han disfrutado de exenciones tributarias podrían enfrentar un aumento en sus costos operativos. Para contrarrestar esto, el proyecto incorpora medidas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), como la eliminación de pagos anticipados del impuesto sobre la renta (ISR) y la simplificación de los trámites administrativos. Estas acciones buscan aliviar la carga fiscal y mejorar el entorno de negocios, facilitando el cumplimiento tributario y reduciendo el tiempo dedicado a trámites.
El Ejemplo de Otros Países
En América Latina, varios países han llevado a cabo reformas fiscales exitosas que han mejorado su capacidad de recaudación y sostenido el crecimiento económico. Por ejemplo, Chile ha incrementado la eficiencia tributaria y la optimización de impuestos corporativos, lo que le ha permitido financiar servicios públicos sin elevar significativamente su deuda. Costa Rica ha transformado su impuesto de ventas en un IVA más amplio, aumentando la recaudación y destinando esos ingresos a salud y educación. Uruguay, con una presión fiscal superior al 27%, ha combinado una política fiscal equitativa con un gasto social elevado, asegurando la sostenibilidad financiera a largo plazo. Estos casos demuestran que aumentar la presión fiscal puede tener un impacto positivo en el desarrollo si se implementa con un enfoque equilibrado y eficiente.
Para República Dominicana, los ejemplos de Chile, Costa Rica y Uruguay sirven como referencia para estructurar una reforma que no solo eleve la presión fiscal al nivel del promedio regional, sino que lo haga de manera que mejore la equidad y simplifique el sistema. Implementar una base tributaria más amplia y mecanismos de control de evasión podría generar los recursos necesarios para financiar servicios esenciales sin afectar desproporcionadamente a ningún sector. El país puede beneficiarse al seguir estrategias que prioricen la inversión social y la eficiencia administrativa, integrando incentivos fiscales con criterios de inversión y empleo que aseguren que todos contribuyan proporcionalmente al crecimiento económico.
La modernización fiscal no es una medida aislada; es parte de un esfuerzo integral por garantizar la estabilidad y el desarrollo económico sostenible de la República Dominicana. Se busca crear un sistema tributario más justo y eficiente que permita al país superar las barreras actuales y asegurar un futuro más próspero para todos. Para lograr esto, se necesita el apoyo de todas las fuerzas políticas y la comprensión de la ciudadanía sobre los beneficios de una reforma bien estructurada. La implementación de un enfoque integral y de largo plazo, junto con la optimización administrativa, refuerza el compromiso del gobierno con la sostenibilidad financiera del país.
