AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO. Comunitarios del sector Los Mameyes denunciaron lo que califican como una actitud “prepotente e indiferente” por parte de altos funcionarios del Ministerio de Salud Pública, a quienes acusan de negarse a recibir a representantes de la población y de obstaculizar la reapertura de la clínica Dr. Léger Matos y Asociados, un centro de salud de larga data en la zona.
Según la denuncia, el presidente de la República, Luis Abinader; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah; y el director de Habilitación y Acreditación, doctor Gerardo Mesa, han sido señalados por supuestamente no atender los reclamos de los residentes ni ofrecer una respuesta clara sobre la situación de la clínica, pese a múltiples solicitudes realizadas por comunitarios y gestores del centro médico.
La clínica Dr. Léger Matos y Asociados, ubicada en el sector Los Mameyes, ofrecía servicios médicos a miles de personas, no solo de esa comunidad, sino también de zonas aledañas como La Isabelita, La Tablita, Villa Duarte, El Pensador y otros sectores cercanos, convirtiéndose en un centro de salud comunitario de referencia para familias de escasos recursos.
Residentes aseguran que el cierre del centro ha tenido consecuencias graves, afirmando que en los últimos meses se han producido fallecimientos de personas cercanas que, a su juicio, “pudieron haberse evitado” si la clínica hubiese estado en funcionamiento, debido a la cercanía y rapidez con la que se brindaba atención médica.
Los denunciantes consideran injustificada la negativa de Salud Pública a autorizar la reapertura del centro, alegando que la clínica cumple una función social vital y que su paralización ha dejado a la población sin una alternativa inmediata de atención, obligando a muchos a trasladarse a hospitales distantes y saturados.
Ante esta situación, comunitarios hicieron un llamado directo al presidente Luis Abinader para que intervenga y ordene una revisión urgente del caso, al tiempo que exhortaron al Ministerio de Salud Pública a escuchar a la población afectada y priorizar el derecho a la salud por encima de la burocracia administrativa.