AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO. Un nuevo escándalo sacude a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), luego de que un motoconchista denunciara haber sido brutalmente golpeado por agentes antidrogas, en un operativo que —según su versión— más pareció una cacería humana que un procedimiento legal.
Alex Johnson Castro, trabajador del motoconcho y padre de familia, narró ante el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) que agentes de la DNCD irrumpieron violentamente en su humilde vivienda, lo esposaron sin explicaciones y comenzaron a propinarle golpes sin piedad, como se observa en un video que ya circula ampliamente en redes sociales.
“No me dijeron nada, solo entraron, me amarraron y me cayeron a golpes”, denunció Castro, mientras mostraba los visibles hematomas en distintas partes de su cuerpo.
“Mi delito fue oponerme a la droga”.
El joven responsabilizó a una mujer —a quien no identificó— de haberlo denunciado falsamente ante la DNCD, como represalia por oponerse a la venta de drogas en la parada de motoconcho donde trabaja para llevar el sustento a su familia.
Según su denuncia, durante la golpiza se le extravió dinero en efectivo y un reloj, objetos que asegura tenía consigo antes de ser detenido, lo que agrava aún más la acusación contra los agentes actuantes.
Derechos Humanos: “Esto es grave y no puede quedar impune”.
Ante la gravedad del caso, el coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Diógenes Ozuna, exigió una investigación inmediata y profunda al
Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD, para que se establezcan responsabilidades y se actúe con todo el peso de la ley frente al abuso denunciado.
Ozuna solicitó además que el Ministerio Público se apodere del caso sin dilaciones, y lanzó una advertencia clara a los agentes de la DNCD en San Pedro de Macorís: no tomar represalias contra Alex Johnson Castro, quien asegura temer por su vida tras hacer pública la denuncia.
Señalan a los presuntos agresores
Los agentes señalados por la víctima fueron identificados como Heredia y Moreta, a quienes el CDDH calificó de “torturadores”, solicitando al Ministerio Público accionar de inmediato en su contra.
“No estamos en los 12 años del balaguerismo, cuando la tortura contra la juventud era el pan de cada día y la vida no valía nada”, advirtió Ozuna, al tiempo que subrayó que este tipo de prácticas no pueden repetirse en un Estado que se dice democrático.