AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO: El presidente de la UDC cuestiona la iniciativa sometida por la diputada del PRM, Maribel Almánzar de Ogando, y advierte que regularizar documentos sin una rigurosa depuración del Registro Civil podría comprometer la seguridad jurídica y la confiabilidad del sistema de identificación nacional.
El presidente del Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, expresó su firme rechazo al proyecto de ley depositado en el Congreso Nacional por la diputada Maribel Almánzar de Ogando, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que procura establecer un régimen especial para la reconstrucción de identidad y la regularización documental de personas cuyos expedientes presentan irregularidades registrales, suplantaciones, falsedades o duplicidades. El dirigente político advirtió que una iniciativa de esta naturaleza debe examinarse con la máxima rigurosidad, debido a sus implicaciones para la seguridad jurídica, la integridad del Registro Civil y la confiabilidad del sistema de identificación dominicano.
Acosta Moreta sostuvo que la República Dominicana no debe establecer mecanismos de regularización que permitan resolver irregularidades documentales sin una investigación exhaustiva sobre el origen y la legitimidad de cada expediente. En ese sentido, reclamó a la Junta Central Electoral (JCE) mantener bloqueadas las cédulas que carezcan de soporte técnico, legal y registral, hasta que sus portadores demuestren, mediante los documentos correspondientes, la autenticidad de su identidad. Asimismo, indicó que, según informaciones que ha recibido, existirían alrededor de 800,000 documentos con problemas de respaldo, cifra que atribuyó a sus indagaciones y cuya confirmación oficial solicitó a las autoridades electorales.
El presidente de la UDC aseguró que, durante sus indagaciones y entrevistas, ha recibido testimonios sobre presuntos casos de ciudadanos haitianos que acuden a oficinas de la JCE para solicitar la renovación o sustitución del plástico de sus cédulas dominicanas, pero que no estarían en condiciones de presentar las actas de nacimiento ni otros documentos que acrediten el origen de su identidad. Según los relatos recibidos, al realizar esas gestiones, las autoridades les requieren localizar y presentar el acta de nacimiento que sustente la expedición del documento. Luis “El Gallo” consideró que, cuando no exista respaldo registral verificable, la institución debe mantener el documento bloqueado hasta concluir las investigaciones correspondientes.
El dirigente político recordó que el presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jáquez Liranzo, advirtió públicamente el 22 de enero de 2026 que las personas que hubieran obtenido cédulas mediante suplantación o falsificación serían identificadas y sometidas a la justicia cuando acudieran al proceso de renovación. También explicó que la entrega del nuevo documento estaría condicionada a la validación del acta de nacimiento y a la depuración correspondiente. Acosta Moreta manifestó que ese criterio debe mantenerse y aplicarse rigurosamente, sin excepciones que puedan comprometer la autenticidad de los documentos de identidad.
Al referirse al contenido del proyecto sometido por la diputada Maribel Almánzar de Ogando, del PRM, señaló que la iniciativa procura establecer un régimen especial para personas que han desarrollado su vida civil, familiar, social y económica utilizando una cédula dominicana, pero que actualmente enfrentan dificultades para renovarla debido a irregularidades en sus registros. La propuesta plantea proteger situaciones jurídicas consolidadas durante años, como matrimonios, declaraciones de hijos, propiedades, empleos, cuentas bancarias y operaciones comerciales, además de atender vacíos atribuidos a legislaciones anteriores, entre ellas la Ley núm. 169-14. Sin embargo, Luis “El Gallo” considera que la protección de esos derechos debe garantizarse mediante investigaciones individualizadas, sin convertir la regularización documental en una validación automática de identidades cuestionadas.
Acosta Moreta insistió en que la cédula de identidad y electoral es un documento fundamental para la identificación de los ciudadanos y el ejercicio del sufragio, por lo que su expedición debe responder estrictamente a las disposiciones constitucionales y legales. Advirtió que cualquier procedimiento que debilite los controles podría facilitar nuevas irregularidades, duplicidades de identidad o la utilización de documentos cuya procedencia no haya sido comprobada. Asimismo, sostuvo que la condición migratoria de una persona extranjera y su eventual derecho a obtener documentación dominicana deben determinarse conforme a la Constitución y las leyes, sin confundir los procedimientos de identificación con el reconocimiento de la nacionalidad.
El presidente de la UDC también consideró que la Junta Central Electoral debe concentrar sus recursos humanos, técnicos y administrativos en concluir satisfactoriamente el proceso nacional de renovación de la cédula, cuyo calendario oficial establece el 31 de marzo de 2027 como fecha de finalización en el territorio nacional. Propuso que la revisión de los expedientes históricos que requieran investigaciones especiales se organice sin interferir con esa jornada, garantizando que cada caso sea conocido con el tiempo, la documentación y las comprobaciones necesarias. A su juicio, no deben producirse apresuramientos ni decisiones administrativas que puedan afectar la confiabilidad del sistema de identificación dominicano.
Finalmente, Luis “El Gallo” reiteró su rechazo al proyecto de ley presentado por la diputada Maribel Almánzar de Ogando y llamó al Congreso Nacional a examinar cuidadosamente sus implicaciones antes de avanzar con su aprobación. Sostuvo que la protección de los derechos de las personas afectadas por errores registrales debe garantizarse sin debilitar la seguridad jurídica, la soberanía documental ni la transparencia del padrón electoral. Reclamó a la JCE mantener bloqueados los documentos cuya autenticidad no haya sido demostrada y agotar las investigaciones correspondientes antes de cualquier rehabilitación. Concluyó señalando que la identidad nacional constituye una responsabilidad fundamental del Estado dominicano y que la cédula debe expedirse conforme a los requisitos legales, con garantías suficientes para prevenir la suplantación y preservar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
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