AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.
Por Ramón Peralta
No cabe duda de que cualquier municipio del país se siente afortunado de contar con una vicealcaldesa como la licenciada Ángela Henríquez: íntegra, honesta, con vocación de servicio y con la capacidad demostrada para cumplir cabalmente las responsabilidades que su cargo exige.
Es precisamente por estas cualidades que resulta especialmente doloroso disentir de una de las funcionarias públicas que más respeto y admiro en nuestro municipio. Me encontraba ante el dilema de contradecir a alguien tan admirada y respetada como la vicealcaldesa, o pasar por alto su opinión.
Finalmente, opté por expresar un juicio divergente, convencido de que su voz tiene un peso real que no puede ser ignorado; permanecer en silencio ante lo que considero un error de su análisis habría sido, en mi criterio, un gesto de irrespetuoso silencio que nunca asumiría.
Recientemente, en un corte difundido por Instagram de un importante medio de comunicación de Santo Domingo Este, la vicealcaldesa Ángela Henríquez sostuvo que la gestión del alcalde Dío Astacio, en términos generales, ofrece una visión más adecuada para abordar los problemas estructurales del municipio, y sugirió que su claridad administrativa supera a la de su predecesor, Manuel Jiménez. Señaló, además, que una administración municipal debe ir más allá de la recolección de residuos, abarcando áreas críticas como el drenaje pluvial y la protección del medio ambiente.
Dado que al actual alcalde aún le restan dos meses para completar sus primeros dos años de gestión, lo prudente si se aspira a una comparación seria es ceñirse exactamente a ese mismo período en ambas administraciones. No antes, no después. Dos años contra dos años. Ese marco temporal permite evaluar con ponderación, sin ventajas artificiales ni indulgencias retrospectivas.
Manuel Jiménez asumió la alcaldía en circunstancias que hoy conviene no olvidar. Lo hizo en plena pandemia, con el país bajo restricciones severas, con un partido distinto en el poder central y con un municipio que arrastraba un deterioro operativo y financiero evidente. Recibió un ayuntamiento con deudas cuantiosas, sin recursos disponibles en cuentas bancarias, con cheques sin fondos por favor de más de 5 millones circulando y con el servicio de recolección de basura prácticamente paralizado. El gobierno central ese año ya no asumía los pagos a las compañías recolectoras; la obligación recaía íntegramente sobre la administración municipal. No había camiones, no había holgura presupuestaria y el país estaba, en términos prácticos, cerrado para recaudar.
Cuatro años después, en abril de 2024, entregó una institución en condiciones trascendentalmente distintas a las que encontró. Dejó más de 90 millones de pesos en el banco, pasivos reducidos, un sistema de cobro modernizado y una flotilla que superaba los cien camiones destinados a la gestión de residuos. Además, en los últimos meses de su gestión dejó garantizado que la circunscripción 3 recibiera su pago mensual correspondiente desde el gobierno central. En términos comparativos, el ayuntamiento que recibió la nueva gestión era financieramente más sólido que el de cuatro años atrás, según expertos municipales. Astacio recibió un ayuntamiento rico.
Sin embargo, desde el primer día de la nueva administración se declaró un estado de emergencia por 280 millones de pesos. Un año después, se informó que la ejecución real había sido inferior a 120 millones. Las cifras, por sí solas, abren un debate legítimo sobre la magnitud de la urgencia inicialmente planteada y sobre la correspondencia entre lo anunciado y lo ejecutado. Cuando los números no dialogan entre sí, la explicación pública se vuelve indispensable.
Si la evaluación debe hacerse con visión integral, conviene observar también la política salarial. Antes de cumplir su primer año, la administración de Manuel Jiménez había dispuesto aumentos generales para todos los empleados del ayuntamiento. Obreros de residuos sólidos, medio ambiente, drenaje pluvial y otras áreas operativas vieron incrementos superiores al 100%. Directores y regidores también fueron objeto de ajustes, corrigiéndose distorsiones administrativas evidentes: el presidente del Concejo percibía un salario superior al de la vicealcaldesa, situación que fue rectificada con un aumento salarial a la vicealcaldesa conforme a una lógica orgánica elemental.
La gestión actual, a punto de cumplir dos años en abril, no ha implementado un aumento general de salarios.
Cuando se habla de claridad administrativa, las comparaciones deben apoyarse en hechos verificables. Y los hechos, en este tramo específico de los primeros dos años, permiten establecer diferencias que no son menores.
Durante la gestión de Manuel Jiménez, las finanzas municipales estuvieron bajo la supervisión de un contralor debidamente designado conforme a la Ley 176-07: seleccionado por concurso, con acreditación académica y experiencia profesional acordes a la responsabilidad del cargo. Ese detalle no es menor; habla de un apego formal a los mecanismos institucionales previstos por la normativa.
En la administración actual, a casi dos años de iniciada, no se ha realizado un concurso para designar contralor. La función la desempeña una figura interina cuya dependencia directa de manera práctica recae en el alcalde y no en el Concejo de Regidores, como establece el espíritu de la ley. No se trata de una discusión semántica, sino de la arquitectura misma de los controles internos y de la separación funcional que debe existir en la administración municipal.
Algo similar ocurre en el ámbito de planeamiento urbano, donde la designación de la directora ha sido objeto de cuestionamientos respecto al cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para el cargo. En materia institucional, las formas importan tanto como los resultados: cuando los procedimientos se relativizan, la institucionalidad se resiente.
En cuanto a visión estratégica para enfrentar problemas estructurales, la gestión de Manuel Jiménez dejó intervenciones concretas. Recuperó un terreno catalogado como pasivo ambiental, resolviendo el histórico problema del traslado de escombros que por años afectó al municipio y transformándolo, además, en fuente de ingresos. En ese mismo espacio se desarrolló el parque ecológico Orlando Jorge Mera y se impulsó un parque temático taíno que integró medio ambiente y cultura.
La intervención del Cachón de la Rubia acondicionado para uso familiar, con gazebo y áreas de esparcimiento constituye otra obra de impacto urbano. El refugio de animales, con más de 200 tareas de terreno, fue alcanzado al final de ese mandato; hoy ese espacio se encuentra abandonado y ocupado por invasores, evidencia de una discontinuidad administrativa que convendría corregir. La política de remozamiento de parques y siembras intensivas de árboles marcó también una pauta inédita en Santo Domingo Este.
En contraste, durante la actual administración se ha observado el deterioro del Cachón de la Rubia, el descuido del parque ecológico Orlando Jorge Mera y la reapertura del transfer en las proximidades del río, una práctica que había sido eliminada a mitad del período anterior por su impacto ambiental.
En el plano estrictamente administrativo, las cifras presupuestarias plantean interrogantes. El déficit presupuestario del 2025 figura como el más elevado en la historia del municipio, pese a que la alcaldía ha recibido recursos extraordinarios del gobierno central en proporciones no registradas desde la creación del cabildo. En áreas como salud, género y educación, al tercer trimestre el presupuesto asignado se había consumido íntegramente en nómina. En distintos renglones de inversión correspondientes a 2025 algunos con asignaciones de decenas de millones de pesos no se registra ejecución alguna. El caso del remozamiento de mercados es ilustrativo: 15 millones de pesos presupuestados y cero pesos ejecutados.
Todo ello ocurre en medio del mayor auge de construcción que ha experimentado el municipio, sin que las recaudaciones asociadas reflejen proporcionalmente ese dinamismo. Los números, como siempre, no opinan; pero sí obligan a preguntar.
En lo concerniente a la visión de ciudad, las diferencias son más que estilísticas; son conceptuales. Al inicio de su mandato, Manuel Jiménez encontró una Plaza Duarte la más grande del país, erigida en honor al patricio convertida en lo que podría describirse, sin exageración, como una fortaleza del oprobio: ocupada por decenas de toneladas de desechos y tomada por delincuentes de tal peligrosidad que ni siquiera la Policía se aventuraba a ingresar con regularidad. Antes de cumplir su primer año de gestión, ese mismo espacio había sido transformado en una plaza limpia, recuperada y funcional, referencia de orden y dignidad urbana.
Similar suerte corrió la ermita del Rosario, considerada la primera iglesia del Nuevo Mundo, que se encontraba en estado de abandono. Su rescate significó la recuperación de un patrimonio histórico de valor incalculable. En las inmediaciones se levantó además el Monumento a la Biblia, concebido como expresión de la tradición cultural cristiana que forma parte de nuestra identidad colectiva.
A ello se sumó la creación de un bulevar dedicado a los dominicanos residentes en el exterior, gesto que trasciende lo simbólico: reconoce a quienes, lejos de su tierra, sostienen con su trabajo y sus remesas uno de los tres pilares fundamentales de la economía nacional. No fue una obra ornamental, sino un acto de afirmación identitaria.
La actual administración ha optado por un enfoque distinto. Mientras en la gestión anterior la inversión se concentró en intervenciones tangibles espacios públicos recuperados, patrimonio restaurado, símbolos urbanos consolidados, en estos dos años la administración de Astacio ha destinado recursos elocuentemente mayores a la promoción de su figura y al posicionamiento de una denominada “marca ciudad”, superando incluso lo invertido en cuatro años por la gestión precedente en la construcción de una identidad urbana basada en obras concretas.
Conviene recordar que una marca ciudad no surge del voluntarismo ni del decreto. No es el resultado de una campaña publicitaria ni el producto de una estrategia comunicacional aislada. Una marca auténtica se asienta en la historia, en las costumbres, en la cultura, en los símbolos y, sobre todo, en la vivencia cotidiana de su gente. Cuando es legítima, nace orgánicamente del imaginario colectivo y se consolida porque los ciudadanos la reconocen como propia.
La Novia del Atlántico, la Ciudad Olímpica, la Sultana del Este, la Perla del Sur, la Ciudad Corazón o la Ciudad Olímpica y Cultural no fueron consignas impuestas de manera unilateral por autoridad alguna; son denominaciones que emergieron con el tiempo, ancladas en procesos históricos y rasgos distintivos verificables. Si la construcción de identidad municipal se reduce a un ejercicio de mercadeo político, corre el riesgo de convertirse en artificio antes que en legado.
Como toda gestión pública, la de Manuel Jiménez tuvo luces y también zonas menos eficaces. En materia de comunicación política, fue notoriamente austero. Invirtió poco en publicidad, evitó compromisos con determinados comunicadores y rehusó convertir el presupuesto municipal en herramienta de complacencia mediática. Esa sobriedad, que algunos interpretaron como guerra al poder, otros la leyeron como ingenuidad estratégica.
Algo similar ocurrió en su relación con el Concejo de Regidores. Su celo por la transparencia y el manejo restrictivo de los fondos públicos lo llevó a cerrar la puerta a prebendas personales que, en la práctica política tradicional, suelen lubricar la gobernabilidad. La experiencia enseña, aunque no siempre se admita en voz alta, que en determinados entornos el poder requiere márgenes de negociación que no todos están dispuestos a conceder. Manuel optó por una línea rígida; el costo fue un clima político menos dócil.
En ese terreno, Dío Astacio ha mostrado mayor destreza. Su relación con los regidores, de distintas fuerzas políticas, ha sido marcadamente armónica. Ha sabido construir apoyos transversales y consolidar un liderazgo que pocos cuestionan públicamente. En el ámbito comunicacional, su apuesta ha sido decidida a la inversión astronómica en prensa nacional, presencia constante en redes sociales y aprovechamiento sistemático de cada escenario para proyectar gestión. Incluso en situaciones adversas como la tragedia del Jet Set, donde apareció con casco de bombero, la narrativa pública gira en torno a su presencia activa. Astacio es un hombre que cuando sale de madrugada de una actividad social puede hacer video, ponerse un chaleco de trabajo encima de la ropa, llamar a su equipo de redes y hacer un video fingiendo que estaba trabajando y esta es una habilidad digna de elogios. Es un alcalde que entiende el poder de la imagen y la administra con disciplina profesional.
Su capacidad de interlocución con el Palacio Nacional y otras instancias de poder también ha sido evidente. Ha logrado canalizar ayudas extraordinarias del presidente de la República en proporciones que no registran precedentes municipales recientes. Ese capital político no es menor y forma parte de su estilo de gestión.
En el plano informativo, maneja con habilidad los tiempos y las versiones de los procesos administrativos. Las explicaciones sobre determinadas decisiones como la adquisición o eventual donación de los primeros contenedores han transitado por matices diversos, a veces contradictorios, lo que ha dificultado establecer una versión definitiva. La narrativa, en ocasiones, termina imponiéndose sobre el dato, y no pocos periodistas de investigación han desistido por cansancio ante la complejidad de reconstruir el hilo exacto de los hechos.
Son estilos distintos. Uno apostó por la sobriedad administrativa, la ética de servidor público y la rigidez institucional, aun a riesgo de aislamiento político. El otro privilegia la construcción de poder mediático, la comunicación estratégica y la eficacia en la articulación con los centros de decisión y sobre todo su capacidad para destruir obstáculos éticos. El juicio final, como siempre, corresponde a la ciudadanía, que deberá ponderar qué modelo considera más sostenible para el municipio.
Sobre la vicealcaldesa Ángela Henríquez, conviene hablar sin estridencias y con el respeto que su trayectoria merece. Mi admiración hacia su persona permanece intacta. No es una cortesía retórica, sino el reconocimiento a una servidora pública que ha sabido ejercer su función con sobriedad y sentido institucional, tanto en la pasada administración como en la actual.
Durante la gestión de Manuel Jiménez, siendo ella vicealcaldesa, Santo Domingo Este alcanzó en 2023 un hito que trasciende coyunturas políticas: se convirtió en el primer gobierno local de la República Dominicana y el segundo en el mundo en recibir el Sello de Igualdad de Género otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ese reconocimiento no es un galardón ornamental; es la validación internacional de políticas públicas orientadas a la inclusión, la equidad y la defensa de los derechos de la mujer. Constituye, sin exageración, un logro de dimensión universal que honra al municipio y eleva su perfil institucional.
Quien escribe no puede ocultar el pesar que supone disentir de una dama de tales méritos y luces. La discrepancia puntual en torno a una valoración administrativa no altera el respeto profundo que inspira su conducta pública ni el aprecio por su entrega al servicio municipal.
