AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO. Así lo afirmó el abogado y comentarista político Giovanni Morillo al referirse a los alcances de la nueva Ley 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la cual establece un régimen sancionador más riguroso para garantizar el respeto a la legalidad en los procesos de adquisiciones del Estado.
Según explicó, la normativa contempla sanciones tanto para funcionarios públicos como para proveedores del Estado. Entre las medidas se incluyen la inhabilitación temporal o definitiva de empresas que incurran en irregularidades, así como la responsabilidad patrimonial de los funcionarios que violen la ley, quienes podrían ser obligados a resarcir económicamente los daños causados a terceros o al propio Estado.
El jurista destacó que esta ley viene a fortalecer el sistema de compras públicas, corrigiendo vacíos que presentaba la Ley 340-06 en materia de sanciones punitivas. Señaló que, durante años, múltiples procesos de licitación fueron cuestionados por presuntas irregularidades y la falta de consecuencias efectivas para los responsables.
Con la entrada en vigor de la Ley 47-25, se busca elevar los niveles de transparencia, reforzar los mecanismos de control y establecer consecuencias claras frente a prácticas como la colusión, el tráfico de influencias, la sobrevaluación y las licitaciones amañadas.
De acuerdo con el análisis presentado, el nuevo marco legal no solo pretende castigar, sino también prevenir actos de corrupción mediante mayores controles, supervisión institucional y reglas más estrictas que garanticen una competencia justa y el uso eficiente de los recursos públicos.
Asimismo, subrayó que el verdadero impacto de la legislación dependerá de su correcta implementación, la independencia de los órganos fiscalizadores y la firmeza con que se apliquen las sanciones. La aplicación efectiva de la ley y la voluntad institucional para hacerla cumplir serán determinantes para que este nuevo régimen sancionador cumpla su objetivo de fortalecer la confianza ciudadana en la administración pública.