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La justicia que asusta: el caso Affe Gutiérrez y la soberbia del poder

OpiniónLa justicia que asusta: el caso Affe Gutiérrez y la soberbia del poder

AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.

Por Abril Peña

El caso de Affe Gutiérrez, esposo de Sarah Pepes, debería estremecer a la sociedad dominicana de arriba abajo. Hablamos de un hombre que pasó diez años atrapado en un proceso judicial sin pruebas, dando vueltas en tribunales por un delito que no cometió. Diez años donde, en varios momentos, incluso fue declarado culpable y condenado a 30 años. Eso, por sí solo, debería bastar para que hoy estuviéramos exigiendo responsabilidades reales: fiscales investigados, jueces sancionados y un sistema sometido a escrutinio profundo.

Pero, ¿es este un caso aislado?

Sabemos que más de la mitad de los presos en República Dominicana están en prisión preventiva. Es decir, personas cuya culpabilidad nadie ha probado. Personas que, como Gutiérrez, podrían estar cumpliendo castigos anticipados por delitos que jamás cometieron. Y no es la primera vez que la Procuraduría debe responder por sentencias que la condenan por prisión injusta. Pero la reacción es siempre la misma: pecho abierto, tono desafiante y la arrogancia que les da un poder que —lo saben— jamás paga la factura moral.

Al señor Gutiérrez se le otorgaron casi 11 millones de pesos en indemnización. Y digo “se le otorgaron” porque las autoridades, lejos de mostrar un mínimo de humildad, volvieron a apelar. Prefieren insistir, dilatar, castigar, antes que admitir el error monumental que destruyó una década de vida. El dinero no compensa diez años. Y aun así, el Estado ni siquiera tolera la idea de asumir su responsabilidad.

Lo más preocupante es lo que este caso revela:

Un sistema de justicia que puede armar un expediente sin pruebas, mantenerlo vivo durante una década y luego tener la desfachatez de apelar la reparación. Eso no es solo ineficiencia: es una amenaza pública. Una advertencia para cualquier dominicano que crea que su libertad está garantizada por el simple hecho de no haber cometido un crimen.

Porque el mensaje es claro:

En manos de quienes está hoy el pandero de la justicia dominicana, cualquiera puede caer. Y peor aún: nadie paga por equivocarse.