El reciente atentado contra un testigo a las afueras del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este no es un simple hecho aislado. Es un mensaje. Un recordatorio brutal de las grietas que todavía comprometen al sistema de justicia penal y de la frágil seguridad que rodea a quienes, día tras día, sostienen con su presencia los pilares del Estado de derecho.
Un testigo que acude a declarar sea víctima, colaborador, o ciudadano citado por el tribunal llena un rol esencial: aporta la verdad. Pero cuando la violencia se atreve a esperarlo justo al salir del tribunal, cuando un ataque armado se ejecuta a plena luz del día, en la zona que debería ser el espacio más custodiado del proceso penal, el mensaje es claro: el crimen está midiendo fuerzas con el sistema, y la respuesta institucional todavía no es suficiente.
La pregunta que nadie quiere hacer, pero todos piensan
Si un testigo puede ser atacado en el mismo perímetro de un Palacio de Justicia, ¿qué queda para los demás?
•Para los fiscales que enfrentan redes criminales cada día.
•Para los abogados defensores que se exponen por ejercer su deber técnico.
•Para los jueces que deciden bajo presión.
•Para los ciudadanos que asisten a los tribunales buscando protección.
El atentado, más que un hecho, es un síntoma. Revela que la protección de los actores procesales que debería ser una prioridad absoluta sigue estando lejos de las necesidades reales de un sistema moderno, seguro y garantista.
Un sistema penal sin seguridad es un castillo sin cimientos
La justicia no se sostiene solo con códigos, jueces y audiencias. Se sostiene con garantías. La primera de todas: la garantía de que quienes participan no serán silenciados por la violencia.
La seguridad judicial no puede limitarse a dos policías en la puerta, ni a controles superficiales. Necesita una revisión profunda que abarque:
•Protocolos reales de protección a testigos.
•Medidas inmediatas para zonas vulnerables en los tribunales.
•Perímetros de seguridad reforzados donde haya casos sensibles.
•Coordinación entre Ministerio Público, Poder Judicial e inteligencia policial.
•Evaluación previa de riesgo para cualquier persona llamada a declarar.
Porque la verdad, cuando está desprotegida, deja de ser valiente… y se convierte en un blanco.
El miedo no puede convertirse en un actor del proceso
Si un testigo teme acudir al tribunal, el caso se debilita.
Si los abogados sienten inseguridad al representar, el ejercicio de defensa se distorsiona.
Si los fiscales actúan bajo amenaza, su criterio se condiciona.
Si los jueces temen represalias, la imparcialidad peligra.
Y cuando la justicia empieza a ceder espacio al miedo, el crimen gana sin necesidad de otro disparo.
Lo que ocurrió en Santo Domingo Este debe marcar un antes y un después
Lo sucedido no puede archivarse como una noticia más ni como un suceso policial. Es un llamado urgente a elevar la seguridad institucional a un nivel acorde con la realidad penal que vive el país.
Este hecho debe encender luces en cada oficina del sistema judicial, porque más allá del caso puntual, lo que ocurrió representa una alerta nacional: si la justicia no es capaz de proteger a quienes acuden a ella, ¿cómo puede proteger a la sociedad?
Conclusión: No se puede impartir justicia en un entorno donde la violencia dicta el riesgo
Los actores judiciales no pueden ser héroes desarmados frente a estructuras criminales cada vez más audaces.
El Estado no puede mirar hacia otro lado.
La sociedad no puede normalizar lo inaceptable.
El atentado contra este testigo no debe generar solo preocupación.
Debe generar cambios.
Debe generar decisiones.
Debe generar voluntad.
Porque la justicia en República Dominicana no puede seguir operando bajo la sombra de la amenaza.
La verdad necesita protección.
El proceso penal necesita seguridad.
Y el país necesita saber que quienes buscan justicia no terminarán siendo víctimas de la misma violencia que intentan combatir.
