AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO. Los partidos políticos constituyen uno de los pilares fundamentales de toda democracia. A través de ellos, los ciudadanos canalizan sus ideas, eligen a sus representantes y participan en la toma de decisiones que afectan el futuro del país.
La reciente demanda presentada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que busca declarar la nulidad de la personalidad jurídica de treinta y tres partidos y movimientos políticos que no alcanzaron el 1 % de los votos en las elecciones de 2024, abre un debate importante sobre la calidad de la democracia dominicana.
Los demandantes sostienen que mantener organizaciones sin suficiente apoyo popular implica un uso inadecuado de los recursos públicos y debilita la credibilidad del sistema político; además, solicitan que la Junta Central Electoral aplique estrictamente el artículo 75 de la Ley núm. 33-18, el cual establece como causa de pérdida de la personalidad jurídica no obtener el porcentaje mínimo de votación exigido o no lograr representación en los órganos de elección popular.
En mi opinión, la existencia de múltiples partidos no es un problema en sí misma. Por el contrario, la pluralidad política permite que diversos sectores de la sociedad estén representados y que nuevas ideas puedan competir en igualdad de condiciones.
Cuando un partido obtiene escaños de representación mediante el voto popular, queda demostrado que cuenta con un respaldo ciudadano suficiente para ejercer funciones públicas y representar intereses legítimos dentro de las instituciones del Estado, dígase congresistas, ya sean diputados o senadores, alcaldes, directores de distritos municipales, regidores, vocales, etc. Desconocer esa realidad únicamente porque no alcanzó un determinado porcentaje de votación nacional supondría una contradicción entre la voluntad expresada por los electores, o sea, el pueblo, y las consecuencias jurídicas derivadas del proceso electoral.
La calidad jurídica de un partido político no debe ni puede depender exclusivamente de un umbral porcentual cuando el propio sistema democrático ha reconocido su legitimidad mediante la asignación u obtención de cargos de elección popular. La representación obtenida constituye una manifestación concreta de la confianza que tiene la ciudadanía y confirma que ese partido participa de manera efectiva en la vida democrática del país.
Además, preservar la personalidad jurídica de estas organizaciones fortalece el pluralismo político, evita la concentración exclusiva del poder en unos pocos partidos y garantiza que sectores sociales, regionales e ideológicos con menor tamaño electoral continúen teniendo una voz en las instituciones públicas. Una democracia madura no elimina las diferencias; las integra y les ofrece espacios de participación.
Desde una perspectiva jurídica, la interpretación de las normas electorales debe armonizarse con los principios constitucionales y con el propósito superior de garantizar una democracia representativa, incluyente y plural. En consecuencia, cuando un partido ha obtenido representación política mediante la elección de sus candidatos, existen fundamentos suficientes para justificar la conservación de su personalidad jurídica, aun cuando no haya alcanzado el umbral del uno por ciento de la votación nacional.
En definitiva, defender la permanencia jurídica de estos partidos no significa debilitar el sistema electoral; por el contrario, significa reconocer que la legitimidad democrática también se expresa en la representación efectiva de las minorías. Una democracia auténtica no solo protege a quienes obtienen las mayores votaciones, sino también a quienes, con el respaldo legítimo de los ciudadanos, logran ocupar un espacio de representación política dentro del Estado.
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