AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO
Por: Julio César García Mazara, MA
La reciente decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por el juez Daniel Nolasco, de anular la extinción de la acción penal en el caso de Los Tres Brazos, es un hito que merece ser analizado y celebrado. Este caso, que ha capturado la atención pública, no solo por su complejidad jurídica, sino también por la implicación de altos funcionarios y la venta de un sector de gran relevancia en Santo Domingo Este, representa un símbolo de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
La anulación de la extinción de la acción penal es un acto que resuena con la necesidad de justicia y transparencia en el país. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia aún se encuentra deliberando sobre un recurso de casación que podría beneficiar a algunos de los acusados, el hecho de que la Corte de Apelación haya decidido devolver el expediente al Cuarto Tribunal Colegiado para que continúe el juicio de fondo es un paso significativo. Este movimiento no solo reafirma la importancia de la justicia en este caso, sino que también envía un mensaje claro: la corrupción no debe quedar impune.
La decisión de la Corte de Apelación se fundamenta en una interpretación precisa de los derechos de los procesados y en la necesidad de garantizar un debido proceso. Al acoger los recursos de apelación de los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y de los afectados, el tribunal subraya su compromiso con la justicia y la legalidad. No se trata simplemente de un procedimiento legal; se trata de la esencia misma de la democracia y del estado de derecho.
Sin embargo, esta decisión también plantea interrogantes sobre el funcionamiento del sistema judicial en la República Dominicana. La existencia de recursos de casación interpuestos por varios de los implicados sugiere que el camino hacia la justicia está lleno de obstáculos y que la lucha contra la corrupción enfrenta enormes desafíos. La percepción de que la justicia puede ser manipulada o que ciertos actores pueden evadir la rendición de cuentas es un sentimiento que persiste en la sociedad dominicana. La anulación de la extinción del caso Los Tres Brazos, por lo tanto, no solo es un triunfo legal, sino también un recordatorio de la importancia de mantener la vigilancia sobre los procesos judiciales y la necesidad de reformas que fortalezcan la confianza en las instituciones.
La decisión de la Corte de Apelación también abre la puerta a un examen más profundo de la gestión del patrimonio estatal y de las prácticas de privatización en el país. La venta del sector Los Tres Brazos ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la equidad en la gestión de los recursos públicos. Es hora de que las autoridades se enfoquen no solo en el caso particular, sino en establecer mecanismos más robustos que aseguren que las decisiones relacionadas con el patrimonio estatal se tomen en beneficio de la ciudadanía y no de intereses particulares.
La anulación de la extinción del caso Los Tres Brazos representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. A pesar de los desafíos que aún persisten, esta decisión es una manifestación de que la justicia puede prevalecer. La sociedad dominicana debe mantenerse atenta y comprometida, exigiendo transparencia y justicia, no solo en este caso, sino en todos aquellos que amenazan la integridad y la confianza en las instituciones del país. Es momento de que la justicia se convierta en un pilar fundamental que guíe el futuro de la nación.
