Por: José Amador
Cuando la información es manipulada o distorsionada, los logros de una administración pueden verse empañados, afectando su imagen. En ese sentido, la intervención del secretario general de la Alcaldía de Santo Domingo Este, Jesús Colón, en la reciente sesión extraordinaria del Concejo de Regidores, es un claro ejemplo de la defensa de la verdad frente a la manipulación mediática.
El bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó a la administración del alcalde Dío Astacio de haber gastado 126 millones de pesos en la adquisición de contenedores de basura, una afirmación que resultó ser completamente infundada. Jesús Colón, en un acto de responsabilidad y transparencia, presentó el acta que certifica que los contenedores fueron donados por una empresa privada, dejando en claro que no se utilizaron fondos públicos para dicha adquisición. Este documento no solo desmonta las acusaciones del PLD, sino que evidencia una estrategia política de manipulación para debilitar la gestión actual.
Colón, con precisión, explicó que la regidora del PLD presentó un documento que hacía referencia a una certificación de fondos para un proceso futuro de adquisición de zafacones y cajas con tecnología Internacional Roll Up, previsto para noviembre de este año. Esto demuestra que la acusación del bloque opositor no solo fue malintencionada, sino también incorrecta en su interpretación de los hechos. La diferencia entre la donación actual y la futura compra de equipos fue obviada intencionalmente, con el único objetivo de generar confusión en la opinión pública.
Es importante destacar que la aclaración de Jesús Colón no es un simple acto de defensa política, sino un ejercicio de rendición de cuentas que resalta el compromiso de la Alcaldía con la transparencia. En una administración que ha declarado su voluntad de mejorar la gestión de residuos sólidos y resolver la problemática de la basura en Santo Domingo Este, esta aclaración es un ejemplo de cómo se pueden combinar eficiencia administrativa y uso responsable de los recursos públicos. El hecho de que se hayan utilizado 76 millones de pesos, dentro del estado de urgencia aprobado, para solucionar el problema en un tiempo récord y a un costo mínimo, refleja una administración que prioriza el bienestar de la comunidad sobre los intereses políticos.
