AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO. La Junta Central Electoral (JCE) aprobó un protocolo extraordinario y gratuito para localizar, digitalizar, reconstruir o registrar los nacimientos de personas de 60 años o más que poseen cédula de identidad, pero no cuentan con un registro de nacimiento, una medida que busca garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos y facilitar la renovación de su documento de identidad.
La iniciativa fue aprobada el pasado 26 de octubre y responde a una situación histórica que afecta a ciudadanos que obtuvieron su cédula antes de 1992, cuando todavía no era obligatorio presentar un acta de nacimiento para obtener ese documento. Como consecuencia, algunos registros nunca fueron instrumentados, no aparecen en los archivos o se encuentran deteriorados.
Al referirse a la disposición, el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, destacó que contar con una identidad acreditada constituye el punto de partida para garantizar los derechos de cada ciudadano.
Durante la conferencia magistral «Identidad, Registro Civil y Garantías Democráticas», explicó que el organismo utilizará la información documental y biométrica disponible en sus sistemas institucionales para solucionar estos casos y permitir que las personas beneficiadas puedan regularizar su situación registral.
«Para atender esta situación, la Junta Central Electoral ha establecido un mecanismo extraordinario que permite localizar, digitalizar, reconstruir y registrar los nacimientos de estas personas», expresó Jáquez Liranzo.
El procedimiento estará sustentado en las disposiciones de la Ley núm. 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, y no tendrá ningún costo para los beneficiarios.
Con esta medida, la JCE busca eliminar obstáculos que durante años han dificultado a algunos ciudadanos acreditar formalmente su nacimiento, renovar su cédula y acceder plenamente a los servicios y derechos que les corresponden.
La institución destacó que este mecanismo forma parte de sus esfuerzos para avanzar hacia un Registro Civil más moderno, seguro, accesible e inclusivo, en el que ningún ciudadano quede excluido por dificultades relacionadas con su documentación.
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