AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.
Por: Mihail García
Negar un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sería, para cualquier actor político que asuma la gestión pública con seriedad, un acto de absoluta irresponsabilidad. Por eso, tras leer el anuncio triunfalista sobre la meta de «Hambre Cero» apoyado en el reciente informe SOFI (The State of Food Security and Nutrition in the World), preferí ir directamente a la fuente y comprobar si la mesa dominicana vive, efectivamente, su mejor primavera.
Al revisar el documento y analizar con lupa las estadísticas relativas a nuestro país, pude evidenciar que el indicador sobre la reducción de la subalimentación calórica es cierto. Sin embargo —y lamentablemente hay un gran «sin embargo»—, existen otros datos y contextos cruciales que prefirieron no contar.
Como mi compromiso es con el análisis riguroso y la verdad completa, aquí comparto la otra parte de la historia…
En primer lugar, el indicador que celebra el Gobierno mide la subalimentación extrema: es decir, el mínimo de calorías para no morir de inanición. Pero el propio informe de la FAO revela en sus letras chiquitas que el 41.3 % de la población dominicana padece inseguridad alimentaria moderada o grave. Estamos hablando de más de cuatro millones de dominicanos que hoy enfrentan la incertidumbre de si podrán comer, se ven obligados a reducir sus porciones o pasan días enteros sin alimentarse. Reducir la indigencia calórica no es lo mismo que garantizar que la familia coma todos los días.
En segundo lugar, el informe evidencia que el costo diario de una dieta saludable en el país se disparó de $3.39 a $5.60 PPA, dejando a casi dos millones de dominicanos sin la capacidad económica para adquirir alimentos nutritivos. Esta realidad de la FAO es totalmente verificable en nuestra microeconomía: los datos del Banco Central confirman que la inflación acumulada en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas supera el 30 % desde el año 2020 a la fecha, registrando además un incremento cercano al 7 % interanual en los boletines más recientes. Comer sano en República Dominicana hoy es un lujo.
Esta carestía ha derivado en una silenciosa crisis de malnutrición: mientras la desnutrición extrema cede, la obesidad en adultos trepó al 30.8 % y la anemia en mujeres en edad *fértil* alcanzó el 22.4 %. El dominicano no se está alimentando mejor; está sustituyendo nutrientes por carbohidratos baratos para poder llenar el estómago.
Por último, presentar como un «éxito de desarrollo» la expansión de los Comedores Económicos y la duplicación de los subsidios sociales es un contrasentido. Que casi la mitad de los hogares dominicanos requiera de un bono estatal o de una ración pública para no caer en la indigencia alimentaria no es una victoria de la política social: es la prueba más clara de la pérdida del poder adquisitivo y la incapacidad del salario real.
El Gobierno ha logrado mover la aguja en el umbral mínimo de supervivencia, y eso se reconoce. Pero confundir la falta de hambre extrema con bienestar nutricional y soberanía alimentaria es maquillar la realidad. La verdadera meta de un Estado no es mantener a sus ciudadanos dependientes de una tarjeta para comer, sino crear las condiciones para que cada familia trabajadora pueda llenar su mesa con dignidad gracias a su trabajo y a las oportunidades que un Estado eficiente debe garantizar.
Porque, al final, una verdadera política social no se mide por la cantidad de personas que reciben ayuda, sino por la cantidad de familias que dejan de necesitarla.
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