¿Qué dice la ley?
La Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio establece, en sus artículos 2, 3 y 5, que todo funcionario público debe presentar:
Una declaración inicial al asumir funciones.
Una declaración actualizada cada dos años o cuando varíe su patrimonio de forma sustancial.
Una declaración final al cesar en el cargo.
Además, el artículo 14 de esa misma ley califica como falta grave la omisión o falsedad en la declaración, y el artículo 15 prevé sanciones administrativas y penales, incluyendo suspensión del cargo, multa e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Entonces, ¿cómo es posible que un legislador que ha sido reelecto en 2020 y 2024 no haya cumplido con esa obligación durante tres períodos consecutivos?
Un silencio preocupante
La omisión de Moya no puede verse como un simple descuido. Estamos hablando de un diputado que hoy está formalmente imputado en el caso Calamar, señalado por su presunta participación en una estructura mafiosa de corrupción, lavado de activos y extorsión desde el Estado. En este contexto, negarle a la sociedad y al Ministerio Público la posibilidad de comparar la evolución de su fortuna es más que una falta administrativa: es una barrera contra la justicia, porque cada año sin declaración es un año en el que puede haber aumentado su patrimonio sin que nadie pueda auditarlo ni investigarlo a fondo. Y eso, en un funcionario público, no solo es sospechoso, es inaceptable.
Transparencia que no llega… y muy difícil llegará
Si el diputado Moya puede dejar de declarar sin que la Cámara de Cuentas le cuestione nada, sin que el Congreso lo obligue a actualizar su patrimonio, y sin que ningún órgano lo investigue por evasión u ocultamiento, entonces no estamos ante una democracia con controles: estamos ante una estructura que protege a sus propios tentáculos.
Más preocupante aún es que ha sido reelecto dos veces sin presentar una nueva declaración, lo que también es responsabilidad de la Junta Central Electoral, la Cámara de Diputados y los partidos que lo postulan sabiendo que viola la ley.
Y claro, uno se pregunta: si en 2016 dijo tener esa cantidad, ¿qué tiene hoy? ¿Cuánto más ha crecido su fortuna? ¿Dónde están sus nuevas propiedades, sus cuentas, sus empresas? ¿Cuántos carros, cuántas obras de arte, cuántas armas más hay hoy en su inventario?
¿Y entonces?
Lo que está en juego aquí es la capacidad del Estado para exigir rendición de cuentas a sus representantes, y el derecho de la ciudadanía a saber quiénes manejan los recursos, las leyes y las decisiones que afectan nuestras vidas. Se trata de una cortina de humo que se convierte en una señal clara de que la impunidad sigue viva, robusta y muy bien representada en el Congreso Nacional.
