AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.
El Poder Ejecutivo remitió este viernes al Senado de la República un proyecto de ley que busca regular la libertad de expresión y el funcionamiento de los medios digitales en el país. Dentro de esta propuesta se contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un órgano estatal descentralizado con autonomía funcional, financiera y administrativa, adscrito al Ministerio de Cultura.
El INACOM tendría como misión principal promover y proteger el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, así como establecer políticas públicas y normas para la correcta aplicación de la ley en materia de comunicación audiovisual, medios digitales, cine, teatro y espectáculos públicos.
Entre sus atribuciones estarían la supervisión de los prestadores de servicios de comunicación, la regulación de contenidos en plataformas digitales, la protección de derechos de usuarios, niños, adolescentes, personas con discapacidad y mujeres en los medios, así como la promoción de la producción audiovisual nacional y el buen uso de la lengua y los símbolos patrios.
El nuevo ente también podrá emitir sanciones administrativas, promover criterios de clasificación de obras y espectáculos, y orientar a los ciudadanos cuando sus derechos comunicacionales sean vulnerados en plataformas digitales.
El proyecto establece que el INACOM estará compuesto por un consejo directivo de cinco miembros designados por el Senado a partir de ternas presentadas por el Presidente de la República, y una dirección ejecutiva nombrada mediante decreto presidencial. También se prevé la creación de un Consejo Asesor con representación de diversas entidades culturales, gremiales, educativas y del sector de telecomunicaciones.
Durante los períodos de precampaña y campaña electoral, el proyecto delimita que será competencia exclusiva de la Junta Central Electoral (JCE) regular las expresiones relacionadas con el proselitismo político, excluyendo al INACOM de dicha facultad.
El proyecto de ley se encuentra ahora en manos del Senado, donde deberá ser debatido y aprobado para su posterior promulgación.
