AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, TC/01225/25, ha generado un amplio espectro de reacciones en la sociedad dominicana y plantea serios interrogantes acerca de su impacto en la Constitución, en los derechos fundamentales y en la imagen de las Fuerzas Armadas. Si bien se ha enmarcado como un avance en materia de derechos humanos, es crucial analizar detenidamente las consecuencias de esta decisión, que desafía la moralidad, los valores tradicionales y la institucionalidad en el país.
Al declarar inconstitucionales los artículos 210 de la Ley 285 y 260 de la Ley 3483, que penalizaban las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo en el contexto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el tribunal ha realizado un cambio radical en el panorama jurídico. Esta medida, que busca proteger derechos individuales como la privacidad y la no discriminación, plantea una serie de cuestiones sobre hasta dónde debe extenderse la interpretación de los derechos fundamentales y a costa de qué principios.
La sentencia olvida que la criminalización de ciertas conductas no necesariamente implica una violación a los derechos fundamentales. Muchos países aún balancean la libertad individual con el respeto hacia los valores culturales y sociales predominantes. En este sentido, desafiar normas que se han considerado un intento de proteger la fuerza y cohesión del cuerpo militar puede considerarse un paso en falso.
Desde la perspectiva constitucional, el tribunal ha tomado una decisión que podría interpretarse como una violación de los principios fundamentales que sostienen la unidad familiar y la moral social en la República Dominicana. La Constitución promueve el bienestar de la familia como núcleo central de la sociedad, y elegir ignorar los valores culturales y religiosos que definen a la población puede llevar a una erosión de la cohesión social.
La decisión de despenalizar ciertas conductas en el ámbito militar y policial no considera suficientemente el impacto en la sociedad y se aparta de una de las funciones fundamentales de la ley: proteger el orden público y el sentido comunitario de moralidad. La historia y la cultura dominicana están marcadas por valores que, aunque evolucionan, no deben ser subestimados ni ignorados por la interpretación liberal de los derechos humanos.
Es vital que la sociedad dominicana reflexione sobre las implicaciones de esta decisión. La búsqueda de la igualdad y el respeto por los derechos individuales no debe servir como justificación para desestimar el contexto cultural y las perspectivas tradicionales que dan forma a la identidad nacional. La coexistencia de las libertades individuales y la preservación de los valores sociales es indispensable para mantener la unidad y el respeto dentro de una sociedad diversa.
Asimismo, la imagen de las Fuerzas Armadas debe ser protegida y fortalecida, no debilitada. La profesionalización y el respeto por la institución pasan por el reconocimiento de la importancia de la moral y la ética en sus filas, aspectos que son fundamentales para el funcionamiento de cualquier entidad de seguridad.
La sentencia TC/01225/25 representa un desafío que no puede ser ignorado. Si bien el avance en los derechos humanos es un objetivo loable, su implementación debe ser cautelosa y respetuosa de la estructura constitucional y cultural de la República Dominicana. El tribunal debe sopesar las implicaciones de sus decisiones, particularmente en lo que respecta a las instituciones que representan la defensa y la moral de la nación. Como sociedad, es nuestro deber mantener un diálogo abierto y reflexivo que nos permita construir un futuro donde se respete tanto la individualidad como la coherencia social y el respeto a nuestros valores culturales.
