El hecho, ocurrido el 24 de febrero de 1996, causó la muerte de los pilotos estadounidenses Mario de la Peña, Carlos Costa y Armando Alejandre Jr., y el residente legal Pablo Morales, todos de origen cubano.
Las Fuerzas Armadas de Cuba, al mando de Castro, derribaron las dos avionetas con el argumento de que eran «terroristas» que invadían el espacio aéreo.
Aunque Uthmeier dijo que no puede revelar muchos detalles sobre la investigación, señaló que el aniversario del incidente hace necesario lograr «una resolución y algún tipo de rendición de cuentas».
«Esa investigación continuará. Ahora tenemos una gran relación de trabajo con el Gobierno federal», dijo Uthmeier durante una rueda de prensa en Miami.
«Cuando hay agravios contra ciudadanos de Florida, tanto bajo leyes estatales como federales, los responsables deben rendir cuentas», añadió el fiscal.
Grupos del exilio en Florida, que alberga una de las mayores comunidades de cubanos en Estados Unidos, han mantenido durante décadas una fuerte presión política para exigir justicia por el incidente.
«Un gran día para la justicia», dijo este miércoles en un comunicado el presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, Marcel Felipe.
Subrayó que la semana pasada hablaron con el fiscal Uthmeier sobre la factibilidad de encausar a Raúl Castro por el crimen de las avionetas hace treinta años.
«El fiscal general se mostró interesado en revisar el caso y hoy escuchamos los primeros resultados», agregó.
Hermanos al Rescate era un grupo con sede en Miami en la década de 1990 que sobrevolaba aguas internacionales para localizar a balseros cubanos que intentaban escapar del gobierno de la isla.
Motivados por la creciente presión de la Administración de Donald Trump a Cuba, los tres congresistas de Miami de origen cubano, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, también han pedido este año que el Departamento de Justicia impute a Castro.
