Agenda Oriental.-
Uno de los cinco hombres enviados a prisión preventiva por la muerte del dirigente comunitario José Frank Valerio figuraba como empleado fijo del Ayuntamiento de Los Alcarrizos al momento de los hechos. Se trata de Daimy Hernández Zorrilla, señalado por el Ministerio Público como el presunto autor intelectual del crimen.
Según la acusación, Hernández Zorrilla habría ordenado, planificado y pagado RD$50,000 para ejecutar el asesinato de Valerio. El expediente judicial no establece, hasta el momento, cuál habría sido el motivo que llevó al imputado a disponer la muerte del comunitario.
La nómina del Ayuntamiento de Los Alcarrizos correspondiente a julio de 2026 identifica a Hernández Zorrilla como fiscalizador de espacios públicos, con el número de empleado 0164 y un salario bruto mensual de RD$10,000. Luego de las deducciones, el documento registra un pago neto de RD$9,309.
El asesinato de Valerio ocurrió el 14 de agosto, aproximadamente dos semanas después del período correspondiente a la última nómina municipal publicada. El dirigente comunitario presidía una parada de motoristas y también desarrollaba actividades políticas en el municipio.
De acuerdo con el Ministerio Público, el grupo habría intentado asesinar a Valerio una semana antes del ataque mortal. El 7 de agosto, mientras conversaba con Junior Adiel López Reyes en la parada de motoristas La Compuerta, en la carretera de Hato Nuevo, ambos fueron atacados a tiros.
Durante ese primer incidente, López Reyes resultó herido de varios disparos, mientras Valerio logró salir ileso. La acusación sostiene que el 14 de agosto nuevamente localizaron a Valerio en el mismo lugar y procedieron a ejecutar el ataque.
Según el expediente, Núñez habría informado a Arias Recio y Corniel Jerez sobre la presencia de Valerio en la parada, tras lo cual los señalados acudieron al lugar y realizaron los disparos que provocaron su muerte. Como parte de las pesquisas, la Policía Nacional analizó imágenes de cámaras de seguridad y recuperó prendas de vestir que presuntamente fueron utilizadas por los atacantes, además de cinco casquillos calibre nueve milímetros.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso 18 meses de prisión preventiva contra los cinco imputados y declaró el proceso de tramitación compleja. El juez Reyes Rodríguez ordenó que los acusados cumplan la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres mientras avanzan las investigaciones.
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