AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.
Por: Julio César García Mazara, MA
En una democracia, el poder debe tener límites. Y cuando esos límites son cruzados, el silencio se convierte en complicidad. Hoy, la figura del general de brigada Eddy Pérez Peralta, Director Regional de la Policía Nacional en Santo Domingo Este, se alza como un claro símbolo del abuso de autoridad, de la impunidad y del retroceso institucional.
Desde su designación en octubre de 2022, este oficial ha protagonizado una cadena de hechos bochornosos que deshonran el uniforme que porta y violentan el espíritu de la Constitución. Su comportamiento, documentado y denunciado en múltiples ocasiones, no solo hiere a ciudadanos comunes, sino que ha traspasado incluso las fronteras del respeto a los poderes legalmente constituidos.
Recientemente, durante la cobertura de una tragedia en la discoteca Jet Set, el general ordenó de manera agresiva y violenta el retiro de la periodista Karilyn Cuevas, quien realizaba una transmisión en vivo. En un video ampliamente difundido, se le ve siendo halada del brazo y expulsada de un área que ni siquiera era parte del lugar del suceso. La prensa no es enemiga del orden; su labor es informar. Este hecho, además de inaceptable, sienta un peligroso precedente sobre la libertad de expresión y el rol del periodismo en nuestra democracia.
Pero este no es un caso aislado. En operativos realizados en sectores de Santo Domingo Este, Pérez Peralta ha encabezado allanamientos sin orden judicial, incautando bocinas y vehículos, violando flagrantemente el derecho a la propiedad privada y a la inviolabilidad del domicilio. ¿Desde cuándo combatir el ruido justifica la ilegalidad?
Lo más grave es que el general ha desacatado órdenes judiciales, agredido verbalmente a fiscales, irrespetado a jueces y hasta amenazado a periodistas y abogados. En marzo pasado, en el destacamento de Villa Duarte, fue necesario contener su furia para evitar una posible tragedia con el fiscal Nelson Beltré, quien simplemente intentaba cumplir con un mandato legal. Según testigos, las palabras del general contra el Ministerio Público fueron tan ofensivas que resultan impublicables, y denigran no solo a una institución, sino a la justicia misma.
No conforme con esto, también desobedeció una orden de arresto emitida por la fiscal titular de Valverde, Sonia Espejo, quien debió recurrir al Ejército Nacional para hacer valer su autoridad ante la insubordinación del general. ¿Qué clase de mensaje estamos enviando cuando un alto oficial puede desacatar al Ministerio Público con total impunidad?
Lo ocurrido recuerda los oscuros tiempos donde las botas pisaban por encima de las leyes. Pareciera que el trujillismo nunca se fue del todo, y que ahora encuentra nuevos rostros que lo reeditan. Este patrón de conducta no es nuevo: en Mao, Valverde, el general también fue denunciado por encubrir a agentes que golpearon brutalmente a un ciudadano, y por desobedecer reiteradamente a los órganos judiciales.
¿Hasta cuándo?
La Constitución es clara. El artículo 255 establece que la Policía Nacional debe ser obediente al poder civil, apolítica y sin facultad de deliberar. El artículo 93, además, obliga a sus agentes a cumplir de forma inmediata y sin dilación las órdenes del Ministerio Público. No hay espacio para la interpretación ni para la arrogancia.
Por eso, desde esta tribuna, exijo la intervención inmediata del presidente Luis Abinader, así como la atención del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Congreso Nacional. Este general debe ser interpelado, e investigado por su accionar.
No podemos hablar de reforma policial mientras existan en sus filas oficiales que actúan como caudillos, que no reconocen jerarquía civil ni autoridad judicial. No hay Estado de Derecho si la ley solo se aplica para unos pocos y otros caminan por encima de ella.
Señor presidente, ya es tiempo de actuar. No somos enemigos del orden. Somos parte del sistema democrático. Y lo que está en juego aquí no es solo la reputación de una institución: es el alma misma de la República.
