AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.
Por: Julio César García Mazara
Analista social y especialista en geopolítica
La reciente publicación de la Sentencia TC/0737/26 por parte del Tribunal Constitucional de la República Dominicana no representa únicamente el cierre de un dilatado periplo judicial de más de un decenio; constituye, en esencia, un contundente recordatorio de los límites ético-legales sobre los cuales se asienta el Estado social y democrático de derecho. La pretensión de cobro de un certificado financiero originado en 1950 a favor de allegados al dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina ha chocado de frente contra una doctrina constitucional irrenunciable: la primacía de la ética pública y el interés nacional sobre la apariencia de legalidad contractual surgida al amparo del despotismo.
- El origen del diferendo: Contratos privados bajo el manto de la tiranía
El conflicto tiene sus raíces en una maniobra financiera del año 1950. En aquel entonces, el tirano constituyó un certificado financiero en el Banco de Reservas de la República Dominicana bajo una condición suspensiva: los fondos pasarían a la titularidad de la señora Lina Altagracia Lovatón Pittaluga tras el fallecimiento del propio Trujillo. Consumado el ajusticiamiento del dictador el 30 de mayo de 1961, los causahabientes de la beneficiaria arguyeron que se había perfeccionado de pleno derecho una estipulación a favor de tercero, exigiendo la restitución de dichos capitales con sus acumulaciones e intereses.
A simple vista, dentro de una lectura mecanicista y puramente privatista del Código Civil, el argumento pretendería ostentar cierta lógica doctrinal: cumplida la condición suspensiva, el derecho se consolida. Sin embargo, abordar los actos jurídicos emanados durante un régimen autoritario bajo la lupa ordinaria del derecho de obligaciones no solo resulta una ceguera jurídica, sino una afrenta a la memoria histórica del pueblo dominicano.
- La irretroactividad frente a la ilicitud originaria
El pilar central sobre el cual la parte recurrente articuló su defensa fue la alegada violación al principio de irretroactividad de la ley, consagrado en el artículo 110 de la Constitución, sosteniendo que la Ley núm. 5785-62 sobre confiscación de bienes a la familia Trujillo no afectaba a la Sra. Lovatón por no estar explícitamente nominada en su texto.
No obstante, la jurisprudencia y la lógica jurisdiccional ratificada en las instancias judiciales y validada en el marco del control constitucional han establecido un estándar de claridad contundente: los actos ilícitos y la apropiación abusiva del erario público no generan derechos adquiridos. La tiranía de Trujillo no distinguía entre el patrimonio institucional del Estado y las finanzas personales del dictador. Todo fondo emanado de las arcas públicas para el beneficio personal o afectivo del régimen nace viciado de nulidad absoluta y mala fe originaria. Pretender tutelar un certificado de origen fiscal irrestricto invocando la inviolabilidad de la propiedad privada es desnaturalizar la esencia misma de las garantías constitucionales.
- La trascendencia procesal: El rol restrictivo del Tribunal Constitucional
El fallo del Tribunal Constitucional, al declarar inadmisible el recurso de revisión de decisión jurisdiccional por carecer de especial trascendencia o relevancia constitucional, envía una señal de alta madurez procesal. La alta corte reafirma que no constituye un «tercer grado de jurisdicción» destinado a revisar desacuerdos de legalidad ordinaria sobre contratos de depósito, ni a calibrar de nuevo la ponderación probatoria que ya agotaron los tribunales de fondo y la Suprema Corte de Justicia.
Los recurrentes intentaron revestir una mera disconformidad monetaria con ropaje de vulneración de derechos fundamentales (seguridad jurídica y tutela judicial efectiva). El Tribunal Constitucional precisó acertadamente que la tutela efectiva no garantiza un fallo favorable a los intereses particulares, sino el acceso a un proceso con las garantías debidas, lo cual fue plenamente satisfecho a lo largo del proceso.
- Conclusión: Un límite infranqueable para el pasado
La resolución de este expediente reafirma un principio institucional e histórico indispensable: el patrimonio del Estado es inalienable frente a las secuelas del autoritarismo. La interpretación sistemática y el sentido teleológico de las leyes de confiscación dictadas tras la caída de la dictadura en 1962 no buscaban más que reparar la inmensa expoliación sufrida por el erario nacional.
La lección que nos deja la Sentencia TC/0737/26 es diáfana y atemporal: la ética pública constituye una muralla insuperable frente a los intentos de convalidar privadamente el despojo estatal. En el diseño del orden jurídico y constitucional, la justicia no puede ser ciega al contexto histórico ni servidora de compromisos contractuales concebidos desde la sombra de la tiranía.
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