AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.
Por Abril Peña.
El anuncio del presidente Abinader sobre la reforma legal para enfrentar la migración irregular no es menor. Más allá de la narrativa de soberanía y orden, el gobierno ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: la migración ilegal no se sostiene sola; necesita complicidad.
En República Dominicana no solo se cuela gente por la frontera. Se cuelan también contratos informales, alquileres sin control, papeles falsificados y silencios institucionales. Por eso, dentro del paquete de 15 medidas anunciadas, la reforma al Código de Trabajo y a la Ley General de Migración apunta directamente a los que facilitan, encubren o se benefician de ese desorden.
Hoy, el Código de Trabajo impone como máximo una multa de 30 salarios mínimos a los empleadores que contraten extranjeros sin papeles. Una sanción baja, para un negocio rentable. Las reformas anunciadas buscan endurecer ese régimen, pero también ampliar el marco de responsabilidad: propietarios que alquilan a personas en situación irregular, funcionarios públicos, y militares que actúan como puente en vez de barrera.
El gobierno reconoce, al fin, que el problema no es solo del que cruza la frontera, sino también del que abre la puerta desde adentro.
Pero la efectividad de estas reformas dependerá de algo más que artículos de ley. Requiere voluntad política, supervisión real, y una institucionalidad que no tiemble cuando la corrupción toca uniforme o apellido influyente.
Mientras tanto, hay que felicitar que el papel —una vez aprobadas estas reformas— por fin dará sustento legal a una práctica que se ha exigido durante años. Quitar excusas será parte del avance. Porque hasta ahora, el argumento recurrente de los grandes grupos empresariales era que el Código Laboral era demasiado benigno. Con un nuevo marco legal, esa justificación desaparece y se abre paso a una aplicación más justa y equilibrada de la ley.
Si de verdad se quiere recuperar el control migratorio, la ley debe aplicarse desde la casucha en la frontera hasta la torre en la capital. Sin excepciones. Porque si no hay consecuencias reales, lo que estamos haciendo es legalizar el desorden con otro decreto.
La migración ilegal no es solo un desafío humanitario o económico. Es, cada vez más, una prueba de coherencia institucional. Y este país no puede darse el lujo de seguir fallándola.
