AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.
Por Elvin Castillo.
En los últimos cinco años, el gobierno dominicano ha contratado casi 50 mil millones de dólares en deuda externa. Una cifra colosal que debería haber significado un salto histórico en infraestructura, competitividad, desarrollo humano y calidad de vida. Sin embargo, la realidad es otra: no existe una sola obra transformadora que justifique ese endeudamiento. Ni una gran autopista, ni un hospital modelo, ni un sistema de transporte público moderno. Solo más deuda y menos esperanza.
Lo más alarmante es que este año solo en intereses de esa deuda se paga el doble de lo que se invierte en capital, es decir, en obras, equipos, mantenimiento o expansión del aparato productivo. El país paga por el pasado, mientras sacrifica el futuro. El gobierno ha convertido el endeudamiento en una rutina opaca, sin planificación ni retorno, y con una peligrosa vocación de financiar clientelismo, propaganda y gasto corriente improductivo.
La situación del sector eléctrico es el símbolo perfecto de este desorden fiscal y administrativo. Hace apenas cinco años, el déficit del sistema rondaba los 500 millones de dólares y se había logrado una relativa estabilidad en el servicio. Hoy, ese déficit se acerca a los 2,000 millones, los apagones han vuelto a la cotidianidad dominicana y las inversiones en redes o mantenimiento brillan por su ausencia. Las pérdidas técnicas y por robo crecen sin control, y mientras tanto, las empresas distribuidoras de electricidad se desangran financieramente, subsidiadas con dinero que se resta de educación, salud y seguridad.
Y hablando de educación, desde hace más de una década el país destina el 4% del PIB al sector, como un logro arrancado por la sociedad civil. Sin embargo, ese esfuerzo económico no se ha traducido en avances tangibles. En los últimos cinco años no se han construido nuevas aulas, y la mayoría de las escuelas están en malas condiciones, sin baños adecuados, sin laboratorios, sin conectividad ni entornos seguros para el aprendizaje. A esto se suma un hecho revelador: en apenas cinco años, este gobierno ha tenido tres ministros de Educación, lo que refleja desorden, improvisación y la total ausencia de un plan claro para transformar el sistema educativo.
La misma lógica de abandono se extiende al campo dominicano y a la producción nacional. Los productores han sido olvidados, las políticas agropecuarias han desaparecido, y una parte importante de todo lo que consumimos es importado. Nuestra soberanía alimentaria ha sido hipotecada. Le hemos entregado el control del plato dominicano a los mercados internacionales, mientras los pequeños y medianos productores nacionales enfrentan quiebras silenciosas, falta de apoyo técnico, de crédito y de protección ante las importaciones desleales.
A todo esto se suma una presión silenciosa, pero cada vez más visible: la inmigración ilegal, particularmente desde Haití, que representa una carga económica directa sobre el ya debilitado sistema de salud, la educación pública, la seguridad ciudadana y el mercado laboral. El número de partos de madres extranjeras en hospitales públicos se ha disparado, provocando una tensión presupuestaria en los servicios esenciales del Estado. Además, la magnitud de esta migración está provocando alteraciones culturales, demográficas y sociales que alimentan un sentimiento de sustitución étnica en zonas específicas del país. Aunque reconocemos los esfuerzos recientes del gobierno por controlar la situación, como deportaciones, operativos y refuerzo fronterizo, estos lucen insuficientes frente a la avalancha diaria que entra al territorio nacional, desbordando la capacidad institucional y comprometiendo la estabilidad nacional a largo plazo.
Y como si todo esto no fuera suficiente, cuando recientemente un diputado de oposición sometió una resolución para exigir un informe detallado sobre en qué se han gastado los casi 50 mil millones de dólares en préstamos, la mayoría oficialista en el Congreso archivó la solicitud sin dar explicaciones. Esa acción, más allá de su carga política, representa un atropello directo al derecho que tiene el pueblo dominicano de saber en qué se están utilizando los recursos públicos. ¿Qué se está ocultando? ¿Por qué se niega la transparencia?
Un gobierno que toma préstamos masivos y no construye nada, que gasta más en intereses que en inversión, que permite el colapso del sistema eléctrico, que no define un rumbo claro para la educación, que abandona el campo, y que además bloquea cualquier intento de fiscalización, no está gobernando: está consumiendo el país.
La deuda no es mala por sí sola. Lo que es inaceptable es endeudarse sin transformar, sin construir, sin sembrar futuro. Estamos hipotecando a las próximas generaciones sin dejarles carreteras, energía, escuelas ni comida local. Solo intereses por pagar y muchas preguntas sin respuesta.
Este no es un problema técnico ni partidista. Es un tema de fondo, ético y político. Gobernar no es endeudarse para sobrevivir. Gobernar es gestionar para transformar, rendir cuentas y construir un legado duradero. Y hoy, tristemente, ese legado brilla por su ausencia.
