AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO. La decisión cambia la calificación jurídica de los hechos atribuidos a Antonio y Maribel Espaillat, envía el expediente a un tribunal colegiado y abre una nueva etapa en un proceso marcado por el reclamo de justicia de las víctimas. El Ministerio Público asegura estar preparado para presentar nuevamente sus pruebas.
El proceso judicial contra Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del techo de la discoteca Jet Set dio un giro esta semana, luego de que el juez Franny González Castillo acogiera la solicitud de variar la calificación jurídica de los hechos de homicidio involuntario a homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual y dispusiera remitir el expediente a un tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde el juicio deberá comenzar desde cero.
La decisión, adoptada por el magistrado de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, representa un cambio relevante en el curso del proceso, debido a que la nueva calificación jurídica requiere que el caso sea conocido por un tribunal con competencia para juzgar los hechos bajo ese encuadre. El expediente deberá ser enviado a la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para su asignación aleatoria a un tribunal colegiado.
El fallo fue recibido por representantes de las víctimas como un paso en su búsqueda de justicia, mientras que el Ministerio Público afirmó que está preparado para presentar nuevamente las pruebas que sustentan su acusación. Los familiares de los fallecidos, por su parte, manifestaron distintas reacciones emocionales al concluir la audiencia, en un caso que mantiene abiertas las heridas de la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025.
La decisión no constituye una sentencia condenatoria contra los hermanos Espaillat. El cambio de calificación jurídica establece el marco bajo el cual se conocerá la acusación en la nueva etapa del proceso, pero corresponderá al tribunal apoderado examinar las pruebas y determinar las responsabilidades penales.
El juez acoge la variación a dolo eventual
La decisión del magistrado Franny González Castillo respondió a la solicitud de los representantes de las víctimas, quienes procuraban que los hechos fueran juzgados como homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual, en lugar de homicidio involuntario.
Al fundamentar su decisión, el juez entendió que la teoría del dolo eventual resulta aplicable al caso y que los hechos presentados contienen elementos cognitivos y volitivos relacionados con esa figura jurídica. En consecuencia, acogió la variación de la calificación y dispuso que el expediente pasara a una jurisdicción colegiada.
Durante sus consideraciones, el magistrado también se refirió a la acusación presentada por el Ministerio Público y expresó: “No había visto una acusación casi perfecta como la de este caso. Lo único que le faltó fue la calificación jurídica”.
La decisión se produce después de que los abogados de las víctimas cuestionaran la calificación jurídica con la que se llevaba el proceso. Su planteamiento era que la naturaleza de los hechos y los elementos de la acusación justificaban que se examinara una figura penal distinta a la inicialmente contemplada.
La variación no supone que el juez haya declarado culpables a los imputados ni que haya establecido de manera definitiva su responsabilidad. Se trata de una decisión sobre la calificación jurídica que deberá orientar el conocimiento de la acusación en la siguiente etapa.
El expediente pasa a un tribunal colegiado
Como consecuencia del cambio, el juez dispuso remitir el expediente a la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, instancia que deberá asignarlo aleatoriamente a un tribunal colegiado competente para conocer el proceso.
La remisión responde a que la nueva calificación jurídica sitúa el caso dentro de la competencia de una jurisdicción con facultades para conocer procesos que pueden conllevar penas de entre tres y 20 años de prisión, según lo explicado durante la audiencia.
Esto significa que el juicio no continuará ante el mismo magistrado ni en la misma sala que conoció esta fase. El tribunal que resulte apoderado deberá iniciar el conocimiento del proceso desde cero, con las actuaciones correspondientes a la nueva etapa judicial.
La decisión abre un nuevo capítulo en un expediente que ha concentrado la atención pública por la magnitud de la tragedia y por las exigencias de los familiares de las víctimas. También implica que las partes deberán volver a desarrollar sus planteamientos ante los jueces que sean designados para conocer el fondo.
Para los representantes de las víctimas, el cambio de calificación constituye un paso importante en su reclamo de que los hechos sean examinados bajo una figura penal que, a su juicio, corresponda con lo ocurrido. Para el Ministerio Público, el desafío inmediato será sostener su acusación ante la nueva jurisdicción.
Ministerio Público asegura que está preparado para comenzar de nuevo
Tras conocerse la decisión, el director de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho, afirmó que el Ministerio Público está preparado para comenzar desde cero el juicio y presentar nuevamente las pruebas que sustentan su acusación contra Antonio y Maribel Espaillat.
El funcionario manifestó que el órgano acusador respeta la decisión judicial y que acudirá ante el tribunal que resulte apoderado con la disposición de sostener su expediente.
“Nosotros estamos listos, estamos más que listos, porque estamos completos y absolutamente confiados en el trabajo que ha realizado el Ministerio Público”, expresó Camacho.
Su declaración constituye la respuesta oficial del órgano acusador ante el cambio de escenario procesal. Con la remisión del expediente, el Ministerio Público deberá volver a presentar sus elementos de prueba ante el tribunal colegiado que conozca el juicio, conforme al desarrollo de esa nueva fase.
La postura de Camacho deja claro que el órgano acusador no considera que el reinicio del proceso represente un impedimento para continuar con la acusación. Por el contrario, afirmó que confía en el trabajo realizado durante la investigación y en las pruebas reunidas para sostener sus planteamientos.
El proceso deberá avanzar ahora a partir de la asignación del expediente y de las actuaciones necesarias para que el nuevo tribunal fije el inicio del juicio. Hasta entonces, la decisión del viernes marca el cambio jurídico y procesal más reciente en el caso.
Movimiento Justicia Jet Set: “La verdad ha salido a la luz”
El Movimiento Justicia Jet Set valoró la decisión del magistrado de acoger la variación de la calificación jurídica y consideró que el fallo abre una nueva etapa en el reclamo de justicia de las familias afectadas por la tragedia.
Luis Custodio, abogado de víctimas, representante del movimiento y hermano de uno de los fallecidos, expresó la posición de la organización y sostuvo que la decisión debe entenderse como el inicio de una nueva fase, no como el desenlace del proceso.
“Esto para nosotros no es una sentencia, sino más que el inicio de la verdad. La verdad ha salido a la luz y nosotros hemos demostrado que la verdad ha estado siempre en la mesa del tribunal”, manifestó Custodio.
El representante del movimiento afirmó que las familias permanecerán vigilantes ante los próximos pasos judiciales y pidió que el tribunal que resulte apoderado valore objetivamente las pruebas y se ciña a los hechos. Asimismo, reconoció el trabajo del Ministerio Público en la recopilación de evidencias, las cuales consideró importantes para sustentar la solicitud de variación de la calificación jurídica.
Custodio también se refirió al impacto emocional que el proceso ha tenido sobre los familiares, al señalar que acudir a las audiencias y encontrarse con uno de los imputados reabre el dolor que enfrentan desde la tragedia.
“Siempre lo digo y lo voy a mantener firme, nosotros estaremos vigilantes en lo próximo que viene y estaremos siempre presentes como familia y por los doscientos treinta y seis fallecidos que no tienen voz”, expresó.
Su declaración resume la posición del movimiento frente a la decisión: valorar el cambio jurídico, mantener la vigilancia sobre el proceso y exigir que la nueva jurisdicción examine los hechos y las pruebas.
Familiares reciben el fallo entre lágrimas y expresiones de alivio
La decisión también provocó reacciones emocionales entre los familiares de las víctimas que se encontraban en el Palacio de Justicia. Al concluir la audiencia, varias personas salieron llorando, mientras otras las acompañaban y trataban de consolarlas.
En medio de esas escenas, una mujer que recibía apoyo de otras personas expresó: “¡Ay, gracias, Señor!”, en una reacción que reflejó la carga emocional que ha acompañado a las familias durante el proceso judicial.
Para los allegados de las víctimas, la decisión representa un paso dentro de una búsqueda de justicia que continúa, pues el expediente será conocido nuevamente por otro tribunal y todavía no existe una sentencia definitiva sobre la responsabilidad penal de los imputados.
Los representantes de las víctimas sostenían que el caso debía ser examinado bajo la figura del dolo eventual, mientras que la decisión del juez determinó que el proceso pase a un tribunal colegiado para su conocimiento.
Las escenas registradas al término de la jornada reflejaron el impacto que la resolución tuvo sobre los presentes. Sin embargo, el proceso todavía deberá recorrer una nueva etapa judicial antes de que exista una decisión de fondo sobre las acusaciones.
Madre de una víctima afirma que las familias seguirán luchando
Elsa Mejía de Soto, madre de Simón Bolívar Soto, una de las víctimas mortales del desplome, aseguró que los familiares continuarán reclamando justicia pese a que el proceso deberá comenzar desde cero ante el tribunal colegiado.
“Hoy es la primera batalla que ganamos. Nos falta mucho, pero firmes hasta el final”, expresó al valorar el resultado de la audiencia.
Mejía de Soto defendió el trabajo de los abogados que impulsaron la solicitud de variación de la calificación jurídica y sostuvo que la evidencia y los testimonios serán importantes en el desarrollo del nuevo juicio.
La madre también manifestó su inconformidad con las críticas dirigidas contra quienes procuraron que los hechos fueran examinados bajo una calificación jurídica distinta. Para las familias que respaldaron la solicitud, la decisión representa un avance, aunque reconocen que todavía quedan etapas por completar.
Durante sus declaraciones, recordó que su hijo dejó dos niños autistas, una referencia al impacto que la pérdida ha tenido en su familia y a las consecuencias personales que siguen enfrentando los allegados de las víctimas.
Su posición coincide con la de otros familiares que, tras conocer el fallo, expresaron que mantendrán su participación y vigilancia en el proceso. Aunque el juicio tendrá que comenzar nuevamente, sostienen que continuarán exigiendo que se examinen las pruebas y se determinen las responsabilidades que correspondan.
Abogado de la familia de Octavio Dotel respalda la decisión
José Valdés Fernández, representante legal de la familia del exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, también valoró la variación de la calificación jurídica y consideró que la decisión responde a lo que esperaban las víctimas y el país ante la magnitud de la tragedia.
Valdés Fernández explicó que la variación es una facultad del juez de fondo y que, en este caso, el magistrado entendió que la teoría del dolo eventual era aplicable a los hechos. A partir de esa consideración, indicó, el expediente fue enviado a un tribunal colegiado con competencia para conocer el proceso bajo la nueva calificación.
El abogado sostuvo que la decisión no solo representa un avance para los familiares, sino que responde a la expectativa pública de que la calificación jurídica sea acorde con los hechos ocurridos.
Dotel, quien tenía 51 años, falleció el 8 de abril de 2025 durante el desplome del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo. El exlanzador se encontraba en el establecimiento durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, cuando ocurrió la tragedia.
Su muerte, junto a la de otras víctimas, convirtió el caso en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión pública en el país y mantiene a familiares y representantes legales atentos a cada decisión que pueda incidir en el desarrollo de la acusación.
La tragedia que dio origen al proceso
El caso judicial se origina en el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido durante la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras se celebraba una presentación musical del merenguero Rubby Pérez.
El desplome dejó un saldo reportado de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, de acuerdo con el balance que se ha manejado públicamente sobre la tragedia. Entre los fallecidos se encontraba el artista Rubby Pérez, así como Octavio Dotel y otras personas que asistían al establecimiento.
Desde entonces, la investigación y el proceso judicial se han centrado en establecer las responsabilidades penales relacionadas con el colapso. Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, figuran como imputados en el caso y han enfrentado el proceso en el marco de la acusación presentada por el Ministerio Público.
La discusión sobre la calificación jurídica se convirtió en uno de los puntos centrales de esta etapa. Los abogados de las víctimas solicitaron que se modificara la figura de homicidio involuntario por la de homicidio voluntario bajo dolo eventual, al entender que esa calificación se ajustaba mejor a los hechos que atribuyen a los imputados.
Un proceso que entra en una nueva etapa
Con la decisión de este viernes, el caso Jet Set inicia una nueva fase procesal. La asignación del expediente a un tribunal colegiado determinará cuáles jueces conocerán el juicio y cuándo comenzará esa etapa.
El Ministerio Público ha manifestado que está preparado para presentar nuevamente su acusación, mientras los abogados de las víctimas y sus familiares han reiterado que permanecerán vigilantes y exigirán que las pruebas sean valoradas de manera objetiva.
El cambio de calificación jurídica constituye un giro relevante en el expediente, pero el proceso aún debe avanzar hasta el conocimiento del fondo ante el tribunal competente. Será esa jurisdicción la que deberá examinar la acusación, escuchar a las partes y adoptar las decisiones que correspondan conforme a las pruebas y al derecho aplicable.
Para las familias, el fallo representa un paso en su reclamo de justicia; para el órgano acusador, una nueva etapa en la que sostiene estar preparado para defender su expediente. El desenlace judicial, sin embargo, sigue pendiente.
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