AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO. La decisión que envió a juicio de fondo el expediente de la Operación Camaleón no solo representa un paso importante dentro de uno de los casos de corrupción más complejos de los últimos años, sino que también constituye la primera prueba de la reciente reforma al Código Procesal Penal.
Según destacó el Ministerio Público tras la audiencia preliminar, se trata de la primera acusación que concluye esta etapa procesal bajo las modificaciones introducidas a la legislación, permitiendo que el caso avanzara a juicio apenas seis meses después de la presentación formal de la acusación.
La acusación fue depositada en octubre de 2025 por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y este jueves el tribunal ordenó la apertura a juicio, un plazo que las autoridades consideran evidencia de los efectos de la reforma procesal orientada a reducir retrasos y agilizar la administración de justicia.
El expediente, declarado complejo, investiga una presunta red de corrupción que operaba a través de contratos vinculados al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y al Ministerio de Defensa. La acusación incluye delitos como corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Durante la audiencia preliminar, el tribunal excluyó la acusación por terrorismo al considerar que no se configuraban los elementos subjetivos de ese tipo penal. Sin embargo, mantuvo la imputación por sabotaje, así como el resto de los cargos principales presentados por el Ministerio Público.
Para el órgano acusador, la decisión preserva la esencia del caso, debido a que los hechos investigados y las pruebas presentadas permanecen intactos dentro del expediente que será conocido en la fase de juicio.
Las autoridades también resaltaron que el mantenimiento de la acusación por lavado de activos conserva la posibilidad de que, en caso de condena, los imputados enfrenten penas de hasta 20 años de prisión.
La investigación señala como figura central del entramado a José Ángel Gómez Canaán, acusado de dirigir una estructura que habría utilizado las empresas Transcore Latam, Dekolor, PagoRD Xchange y Aurix para ejecutar maniobras fraudulentas contra el Estado y operaciones de lavado de activos.
Asimismo, figura entre los principales acusados el exdirector del Intrant, Hugo Beras, a quien el Ministerio Público atribuye haber facilitado procesos de contratación irregulares y actuaciones relacionadas con la gestión de la red semafórica y los sistemas tecnológicos de tránsito.
Con la apertura a juicio, el caso Camaleón se convierte en el primer gran expediente que transita bajo las nuevas reglas del Código Procesal Penal, un escenario que será observado de cerca por juristas y actores del sistema de justicia para evaluar el impacto real de la reforma en la reducción de los tiempos de los procesos penales.
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