AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.
Por Jacobo Colón.
La reciente muerte de un joven honesto y trabajador en el sector Canta la Rana, Los Tres Brazos, a manos de la Policía Nacional, ha desatado una ola de indignación y dolor en la comunidad.
Según los testimonios del barrio, este joven era un ejemplo de seriedad y rectitud, alguien que no merecía el trágico final que le fue impuesto.
Este caso no es aislado; es un reflejo alarmante de un patrón de violencia institucional que parece haberse normalizado en nuestra sociedad, violando los principios más básicos de justicia y los derechos consagrados en la Constitución de la República Dominicana.
La Policía Nacional, en un intento de justificar estas acciones, recurre una y otra vez al mismo guion, “fue un intercambio de disparos”.
Este cuento, repetido hasta el cansancio, pretende encubrir la realidad de ejecuciones extrajudiciales que, en la mayoría de los casos, involucran a víctimas desarmadas.
No solo se arrebata la vida a estos jóvenes, sino que también se les asesina moralmente al tildarlos de “delincuentes” sin pruebas, sin proceso, sin justicia.
Es una doble ejecución, física y moral.
Pero lo que resulta aún más indignante es la respuesta oficial de la Policía: “Estamos investigando” para luego decir que la policía repelió una agresión a tiros.
No existe un dominicano que esté en contra de que la Policía debe defenderse, de que si le disparan balas no puede responder con flores.
Todos apoyamos que sean los delincuentes los que sucumban cuando se enfrentan a la Policía Nacional.
Pero cuando haya verdaderos enfrentamientos, no cuando los acribillan estando desarmados y se inventan la agresión.
Algo curioso es que en el 90% de los intercambios de disparos, solo mueren de un solo lado; en los reales, menos de un 10% pueden salir heridos de parte y parte.
El caso más emblemático y que se ha silenciado son los 4 miembros de la DNCD que en video fueron capturados vivos, apareciendo asesinados en una cabaña en un llamado “intercambio de disparos”.
¿Quiénes fueron sometidos? ¿Dónde están los miembros del Dicrim apresados? Absolutamente nadie, impunidad total.
¿Desde cuándo una institución señalada por actos delictivos tiene la autoridad moral o legal para investigarse a sí misma?
¿Dónde está el Ministerio Público, garante de la legalidad y la persecución del delito?
Permitir que la Policía sea juez y parte en estos casos es un atentado contra la transparencia y la rendición de cuentas.
La Constitución y las leyes dominicanas no contemplan que una institución pueda autoinvestigarse cuando es señalada por crímenes tan graves como el homicidio.
Este modus operandi de la Policía Nacional recuerda épocas oscuras, como los tiempos de Balaguer, cuando se acusaba a cualquiera de “comunista” y se le plantaba una granada como prueba prefabricada.
Hoy, el “intercambio de disparos” es la nueva granada, una excusa gastada que busca justificar lo injustificable: asesinatos a sangre fría que se llevan a jóvenes que tal vez sean culpables y a muchos inocentes.
Cada caso sigue el mismo libreto: los presuntos delincuentes se rinden, levantan sus manos, se los llevan vivos, luego aparecen acribillados, las víctimas mueren, y la institución emite un comunicado que exonera a los responsables sin una investigación creíble.
Este ciclo de impunidad no puede seguir.
El Ministerio Público debe asumir su rol con firmeza, investigando de manera independiente y rigurosa cada caso de abuso policial.
No podemos permitir que la Policía Nacional siga actuando como un ente intocable, por encima de la ley.
Todos los que tenemos hijos adultos o adolescentes debemos estar preocupados, nadie puede pensar que “a mí no me va a suceder”. Cualquier joven honesto puede ser “confundido” y acribillado; ejemplos hay de sobra.
La ciudadanía merece instituciones que protejan, no que persigan; que investiguen con transparencia, no que encubran con excusas.
La muerte de este joven en Los Tres Brazos no debe quedar en el olvido, como tantos otros casos.
Su comunidad ha alzado la voz, y nosotros también debemos hacerlo.
Basta de ejecuciones extrajudiciales, basta de narrativas prefabricadas, basta de impunidad.
La Policía debe rendir cuentas, y el Ministerio Público debe garantizar que la justicia prevalezca.
Porque mientras sigamos permitiendo que la misma institución que mata sea la que “investiga”, la pena de muerte seguirá instaurada de facto, y nuestra juventud seguirá siendo el blanco de un sistema que ha perdido el rumbo.
