AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO
Por: Julio César García Mazara, MA
El reciente escándalo que envuelve a la adquisición de un avión por parte del régimen de Nicolás Maduro pone de manifiesto cómo, en el entramado geopolítico actual, se entrelazan la corrupción, el crimen organizado y la falta de ética que permiten que líderes autoritarios operen con impunidad. Según el fiscal general de EE. UU., Merrick B. Garland, miembros del círculo íntimo de Maduro utilizaron una empresa fantasma en el Caribe para enmascarar su implicación en la compra ilegal del avión, un acto que plantea preguntas inquietantes sobre la capacidad de las autoridades para controlar y frenar esos desmanes.
La compra y exportación ilegal de este avión desde Estados Unidos hacia Venezuela no es un hecho aislado, sino el resultado de un sistema robusto que permite que un régimen aislado internacionalmente, como el de Maduro, se beneficie de los recursos estadounidenses. La utilización de una firma fantasma señala no solo la astucia de los actores involucrados sino también las grietas en los sistemas de supervisión que deberían prevenir tales acciones. En un mundo donde la tecnología y el acceso a información son más avanzados que nunca, seguirle la pista a un avión supuestamente utilizado para fines militares y para el transporte del propio Maduro no debería ser una misión imposible.
Las declaraciones de Garland resaltan la intención del Departamento de Justicia de mantener la presión sobre quienes infrinjan las sanciones y controles de exportación. Sin embargo, el verdadero desafío radica en la capacidad de las autoridades para erradicar estas prácticas, no solo a través de la persecución de individuos específicos, sino mediante un cambio estructural en la forma en que se supervisan y regulan las exportaciones. Proteger la seguridad nacional no es únicamente una cuestión de cumplimiento legal, sino también de defensa de principios democráticos y humanos en un contexto global.
El escenario que se dibuja tras esta operación no es sencillo. A medida que Maduro y su régimen continúan desafiando tanto a las sanciones como a los derechos humanos, el compromiso de la comunidad internacional debe ser inquebrantable. Es fundamental que esta situación no quede atrapada en el limbo de las promesas de acciones futuras. Los Estados Unidos, así como otros estados,deben intensificar sus esfuerzos para desarticular esas redes criminales que operan desde empresas fachada y que permiten que líderes autoritarios fortalezcan su régimen con recursos que les son ajenos.
La lección que se desprende tras el escándalo del avión es simple, pero crítica: la vigilancia y la acción decidida son esenciales para evitar que los recursos de un estado sean utilizados para socavar no solo la seguridad de la misma, sino también la de millones de personas en todo el mundo que anhelan la democracia y la libertad. La lucha contra la impunidad, el autoritarismo y la corrupción requiere no solo de palabras, sino de acciones concretas y coordinadas que pongan fin a estas transacciones ilegales y a los regímenes que las perpetúan. La historia nos enseña que la justicia y la ética deben regir nuestras acciones en el ámbito internacional, y ahora más que nunca, es el momento de actuar.
