SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – El abogado Frederick Ferreras, especialista en derecho de familia y protección de la niñez, manifestó hoy su firme respaldo a la iniciativa legislativa presentada por la diputada Anny Mambrú, la cual solicita al Poder Ejecutivo la habilitación de una Unidad de Intervención en Crisis de Salud Mental Infanto-Juvenil en el municipio de Santo Domingo Este.
Ferreras calificó la propuesta como un paso fundamental para el fortalecimiento del sistema de protección de derechos de los menores en el país, subrayando que la salud mental es un componente esencial del desarrollo integral de la niñez y la adolescencia.
«Como profesional del derecho, veo diariamente las dificultades que enfrentan las familias cuando, ante una crisis de salud mental, no encuentran un espacio especializado que garantice el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de sus hijos», afirmó el abogado. La propuesta de la diputada Mambrú no es solo un reclamo de infraestructura, sino un imperativo legal para el cumplimiento del principio del interés superior del niño, consagrado en nuestra Constitución y en la Ley 136-03.
El jurista destacó que la ubicación propuesta, Santo Domingo Este, es una respuesta necesaria ante la alta densidad poblacional del municipio y la carencia histórica de servicios de salud pública especializados para menores en esta zona. Según Ferreras, contar con una unidad de intervención en crisis permitirá una atención oportuna, reduciendo la vulnerabilidad de los niños, niñas y jóvenes y brindando el soporte necesario a sus núcleos familiares.
La gestión de la diputada Anny Mambrú, al combinar su experiencia como profesional de la salud con su labor legislativa, demuestra un compromiso real con el bienestar de la gente. «Hago un llamado al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Salud para que acojan esta solicitud con la celeridad que el caso amerita», puntualizó Ferreras.
Finalmente, el abogado hizo un llamado a la sociedad civil y a las autoridades competentes a priorizar la salud mental infanto-juvenil en la agenda pública, reiterando que garantizar una atención digna a tiempo es, sin duda alguna, una forma de proteger la vida y el futuro de nuestra nación.
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