AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO
El dirigente político Abel Martínez, fijó posición en torno a la crisis migratoria haitiana que golpea a República Dominicana, la que, a su juicio, representa un desafío inminente para la nación.
En ese sentido, el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó que el país se enfrenta a una crisis migratoria sin precedentes debido a la presencia masiva e ilegal de ciudadanos haitianos en nuestro territorio, situación que ha sobrepasado todos los límites tolerables y ha provocado un colapso en los servicios básicos del país, afectando de manera significativa los sectores de salud, educación y seguridad.
“El flujo descontrolado de inmigrantes haitianos ha desencadenado una serie de problemas que amenazan la estabilidad de la nación. Las mafias que operan en la frontera, facilitando la entrada ilegal de haitianos, junto con la emisión indiscriminada de visas, han contribuido a agravar esta crisis. Muchos de estos inmigrantes permanecen en la República Dominicana de manera irregular, formando comunidades que se perpetúan por generaciones, en un limbo legal que dificulta la planificación y la gestión de recursos por parte del Estado”, expresó el excandidato presidencial.
«Las maternidades y hospitales públicos dominicanos están sobrepasados por la alta demanda de servicios por parte de las parturientas haitianas, al punto de que en muchos centros de salud se registra un mayor número de nacimientos de haitianas ilegales que de dominicanas».
Afirmó que esta presión sobre el sistema sanitario no solo genera un desgaste significativo de los recursos, sino que también pone en riesgo la calidad de la atención y la capacidad del Estado para responder adecuadamente a las necesidades de salud de su propia población.
“Los efectos de esta situación son palpables. Los servicios públicos se encuentran desbordados y los sistemas de identificación nacional son ineficaces para abarcar a una población en constante crecimiento que no paga impuestos ni realiza transacciones comerciales de acuerdo con las leyes dominicanas», expresó.
Agregó que esta falta de regulación no solo supone un golpe para la economía formal, sino que también plantea serios riesgos para la seguridad nacional. Se estima que la informalidad y la falta de control permiten que actividades económicas ilegales proliferen, afectando gravemente la economía local y aumentando la criminalidad.
Abel Martínez afirmó, además, que “la presencia masiva de haitianos ha generado una degradación ambiental notable. En muchas áreas del país, los inmigrantes se han asentado en la ribera de los ríos y han invadido terrenos boscosos, construyendo viviendas precarias que depredan los recursos naturales y contaminan el medio ambiente».
De acuerdo a su juicio, esta situación contribuye a la destrucción de los ecosistemas locales, afectando la biodiversidad y poniendo en riesgo los recursos naturales que son vitales para el futuro de la nación.
“El pueblo dominicano no puede cargar indefinidamente con el peso de una migración descontrolada que, además, no comparte nuestras raíces culturales, religiosas y tradicionales.
La convivencia de dos comunidades con diferencias tan marcadas y en condiciones tan desiguales ha generado tensiones sociales que, de no abordarse con urgencia, podrían desencadenar conflictos de mayor envergadura”, indicó Martínez, citando ejemplos de otras naciones que han enfrentado crisis migratorias muestran que los costos pueden ser extremadamente altos.
“Países como Grecia e Italia han luchado con la presión migratoria en sus fronteras, lo que ha resultado en desafíos económicos y sociales significativos, además de tensiones con la Unión Europea en cuanto a la distribución de responsabilidades. En estos casos, las medidas tomadas han requerido no solo sacrificios económicos, sino también un cambio en la política migratoria y el fortalecimiento de sus fronteras”.
«La República Dominicana ha demostrado históricamente su solidaridad y compromiso con los derechos humanos, pero es imperativo que se implementen políticas migratorias firmes y efectivas que garanticen la seguridad y el bienestar del pueblo dominicano”.
Martínez reiteró su posición en torno a que la comunidad internacional debe ser consciente del desafío que enfrenta la República Dominicana y del esfuerzo que ha realizado para manejar una situación que afecta gravemente su soberanía y su estabilidad.
“Es hora de actuar con decisión y sin concesiones. El futuro del país depende de una respuesta contundente que priorice el interés nacional y asegure la integridad del territorio dominicano”, concluyó Martínez.
