AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO
Por: Julio César García Mazara, MA.
En un mundo que se encuentra en constante cambio, la República Dominicana se enfrenta a un reto peculiar: cómo atraer inversiones extranjeras de manera eficiente y transparente. En este contexto, la propuesta de una Ley de Lobby se presenta como una herramienta viable que no solo podría dinamizar el sector económico, sino también contribuir al desarrollo sustentable del país.
Históricamente, el lobby se ha visto con una lente negativa, asociado frecuentemente con corrupción y tráfico de influencias. Sin embargo, en naciones donde este tipo de actividad está legalmente regulada, como Estados Unidos, México y varios países de América Latina, se ha demostrado que puede ser una parte crucial de una democracia saludable y de una economía vibrante. Estas legislaciones permiten a los especialistas actuar como intermediarios entre los inversionistas y los organismos gubernamentales, facilitando el proceso de inversión y haciendo frente a la complejidad burocrática que a menudo desalienta a los inversionistas extranjeros.
El modelo de lobby, lejos de ser una práctica corrupta, se convierte entonces en una herramienta legítima para canalizar inversiones que pueden traer consigo innovación, tecnología y empleo. Las cifras son contundentes: países que han adoptado leyes de lobby han visto un incremento en la actividad económica y, por ende, en la creación de empleos. Este es el camino que la República Dominicana podría tomar, brindando un marco legal que promueva el lobby como un medio legítimo y transparente para la atracción de inversiones.
La necesidad de una Ley de Lobby no solo radica en atraer capital extranjero, sino también en regular y dar formalidad a la actividad de aquellos que buscan influir en decisiones gubernamentales en nombre de intereses comerciales y sociales. Al establecer reglas claras, se separaría la actividad de lobby del soborno o la corrupción, creando un entorno donde las interacciones entre el sector público y privado se desarrollen bajo principios de transparencia y ética.
La experiencia internacional sugiere que la regulación del lobby no solo protege a los inversionistas, sino que también empodera a los gobiernos al proveerles de informaciones valiosas que pueden ser esenciales para la toma de decisiones. En el caso específico de la República Dominicana, un país con un potencial increíble en sectores como el turismo, la energía renovable y la tecnología, la existencia de expertos que faciliten el acercamiento entre emprendedores y autoridades puede marcar la diferencia en la realización de proyectos que transformen la economía.
Pero ¿cómo implementar una Ley de Lobby en un contexto dominicano donde la desconfianza en el sistema persiste? Es esencial que cualquier propuesta sea diseñada de manera participativa, involucrando a múltiples actores: desde autoridades gubernamentales y expertos en derechos legales hasta representantes del sector privado y la sociedad civil. Solo así se garantizaría que la ley no se convirtiera en un instrumento más de corrupción, sino en un verdadero facilitador del desarrollo.
La Ley de Lobby en la República Dominicana tiene el potencial de ser un pilar fundamental en la construcción de un entorno más favorable para las inversiones. Al crear un marco regulador claro y transparente, no solo se fomentaría el crecimiento económico, sino que también se fortalecería la democracia al permitir que diferentes voces y necesidades sean escuchadas en el proceso de toma de decisiones. La hora de legislar y regular el lobby es ahora, para que el país pueda beneficiarse de un futuro próspero y justo.
