AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO- Opositores también figuran en el listado de asesores del Gobierno dominicano, la exaspirante presidencial y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), figura en la nómina de la Liga Municipal Dominicana (LMD) con un salario de RD$190,000.00 mensuales. Este hallazgo ha generado una ola de críticas, dado que Ricardo es una figura destacada de la oposición.
La serie #TopAsesores de Panorama y el reportaje «Toda La Verdad» continúan sacando a la luz detalles sobre la estructura de asesores en las instituciones gubernamentales. La inclusión de Karen Ricardo en la nómina de la LMD ha sido especialmente polémica, ya que se percibe como contradictorio que una opositora participe en lo que muchos consideran una dilapidación de recursos del Estado Dominicano.
La presencia de Ricardo en la nómina de la LMD pone de relieve las tensiones entre las declaraciones públicas de austeridad y transparencia y las prácticas internas de contratación en el gobierno. Mientras la oposición, incluido el PLD, critica la gestión actual del gobierno, la participación de uno de sus miembros en una institución con altos gastos de asesoría pone en entredicho su posición y plantea preguntas sobre la coherencia y la integridad en el manejo de recursos públicos.
La Liga Municipal Dominicana, dirigida por Víctor D’Aza, ha sido objeto de escrutinio debido a su considerable número de asesores y los elevados salarios que se les paga. Con un total de 26 asesores y un gasto mensual de RD$2,259,000.00, la LMD representa un ejemplo claro de las prácticas que el gobierno busca reformar a través de la reciente resolución reiterada ese martes en la noche por el vocero de la presidencia, Homero Figueroa.
La resolución establece que cada institución del Poder Ejecutivo solo podrá nombrar una cantidad máxima de asesores equivalente al número de vices, ministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias, sub administraciones o cargos equivalentes que posea la institución. Este esfuerzo se dirige a optimizar la eficiencia y reducir el gasto público en la administración estatal.
