AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.
Escrito por: Dio Astasio
En la República Dominicana se ha instalado una idea que, aunque repetida, es incorrecta: que no es posible cumplir con el 10% para los ayuntamientos porque “no hay dinero”.
Ese argumento parte de una premisa equivocada. El problema no es cuánto dinero tiene el Estado, sino cómo lo organiza y quién lo ejecuta.
Hoy, una parte significativa del presupuesto nacional se destina a obras urbanas: calles, aceras, drenaje, espacios públicos. Sin embargo, esos recursos no siempre son ejecutados por los gobiernos locales, que son quienes conocen el territorio, sus necesidades y prioridades.
Ahí está el verdadero problema.
La República Dominicana no necesita más dinero para cumplir con el 10%. Necesita coherencia institucional.
Y esa coherencia ya está definida en nuestro ordenamiento jurídico.
El Decreto 734-22 establece claramente la transferencia de competencias del Poder Ejecutivo hacia los gobiernos locales, bajo principios de subsidiariedad, proximidad y eficiencia. En términos simples: lo que puede hacer mejor el municipio, debe hacerlo el municipio.
Esto no es una idea aislada. Es la forma en que funcionan las democracias más avanzadas del mundo.
En Estados Unidos, los gobiernos locales ejecutan su infraestructura urbana. En Europa, el municipalismo es la base del desarrollo territorial. En América Latina, ciudades como Bogotá demostraron que cuando el alcalde tiene control sobre los recursos, la transformación urbana es posible.
El pensador francés Alexis de Tocqueville lo dijo con claridad: la fuerza de la democracia está en las instituciones locales.
En nuestro país, la Constitución del 2010 reconoce la autonomía municipal. La Ley 176-07 define competencias claras. La Ley 166-03 establece el 10%. Y el Decreto 734-22 traza el camino operativo.
Sin embargo, mantenemos una contradicción: la ley descentraliza, pero el presupuesto centraliza.
El resultado es ineficiencia, lentitud y duplicidad.
La solución es tan clara como urgente: transferir la ejecución de las obras urbanas —y sus recursos— a los ayuntamientos.
No se trata de aumentar el gasto público. Se trata de ejecutarlo mejor.
Cumplir con el 10% no requiere una reforma fiscal. Requiere voluntad política para aplicar lo que ya está establecido.
Porque al final, el desarrollo de un país no se mide en los ministerios, sino en sus ciudades.
Y una ciudad solo puede transformarse cuando quien la gobierna tiene las herramientas para hacerlo.
