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En los últimos días, hemos visto cómo un caso que involucra a un miembro del Ministerio Público ha desatado una avalancha de opiniones, titulares y juicios en redes sociales. Sin embargo, más allá del morbo o la indignación, debemos detenernos a reflexionar sobre un principio esencial del Estado de Derecho: la presunción de inocencia.
La Constitución dominicana es clara: toda persona se presume inocente hasta que una sentencia irrevocable declare lo contrario. No es un simple formalismo jurídico; es una garantía fundamental que protege a todos los ciudadanos frente al poder punitivo del Estado.
El llamado “juicio paralelo” ocurre cuando la sociedad impulsada por medios de comunicación o redes sociales condena anticipadamente a una persona sin que exista una decisión judicial firme. Este fenómeno no solo distorsiona la verdad, sino que también ejerce presión indebida sobre jueces, fiscales y todo el sistema de justicia.
No se trata de defender conductas ilícitas ni de justificar la corrupción. Se trata de algo más profundo: proteger las reglas del juego. Porque hoy puede ser un funcionario público, pero mañana puede ser cualquier ciudadano.
Cuando sustituimos el debido proceso por la opinión viral, debilitamos la justicia. Cuando convertimos las redes en tribunales, sacrificamos la imparcialidad. Y cuando condenamos sin pruebas judiciales, renunciamos al derecho que luego podríamos necesitar.
La justicia no puede depender de tendencias ni de percepciones. Debe basarse en pruebas, en procedimientos y en garantías.
Defender la presunción de inocencia no es proteger culpables. Es proteger la justicia.
