AGENDA ORIENTAL, SANTO DOMINGO.
La tragedia ocurrida este lunes volvió a recordarnos que en República Dominicana hay preguntas que parecen no tener respuesta, o que simplemente no queremos enfrentar. Una de ellas es: ¿quién tiene la responsabilidad real de supervisar el estado de nuestras edificaciones existentes?
La respuesta corta es: nadie, al menos no de manera integral y obligatoria.
La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) fue creada para preservar el patrimonio estructural de las edificaciones públicas. Su misión es evaluar vulnerabilidades y mitigar el riesgo sísmico en infraestructuras como hospitales, escuelas y ministerios, entre otros.
Pero ese mandato no abarca las edificaciones privadas existentes, por más concurridas, antiguas o deterioradas que estén. ONESVIE cuenta con peritos calificados, sí, pero solo puede actuar en el ámbito de lo público. El resto queda librado a la buena voluntad de los propietarios… o al azar.
Actualmente, la República Dominicana no cuenta con un protocolo OBLIGATORIO y PERIÓDICO de evaluación estructural o de mantenimiento luego de construida una edificación privada. Esto significa que una plaza comercial puede operar durante décadas sin una revisión formal de su estructura, y que un edificio habitacional de seis pisos puede seguir habitado sin que nadie verifique si sigue siendo seguro.
Un experto consultado confirma que el nuevo Código de Construcción incluirá, por primera vez, un capítulo sobre mantenimiento estructural post-construcción. Esto es una buena noticia, pero aún es una promesa. Mientras ese código no se apruebe y no se implemente con seriedad, seguimos vulnerables.
¿Quién supervisa entonces lugares como el Jet Set, donde miles de personas se han reunido por años? ¿Quién certifica que los colmadones de tres niveles o las discotecas improvisadas sobre almacenes no son trampas mortales? ¿O las hermosas torres que vemos por doquier y que ya tienen años?
Si la supervisión de mantenimiento estructural luego de construidas las edificaciones sigue siendo un privilegio del sector público, entonces la seguridad seguirá siendo una ruleta rusa para todos los demás.
Es hora de ampliar el rol de ONESVIE o de crear una política nacional de supervisión y mantenimiento que no distinga entre lo público y lo privado. Porque cuando un techo colapsa, no pregunta si el edificio era del Estado o de un empresario.
Solo cae. Y aplasta.
